Con trabajo y casa: el sueño que solo dos de cada diez jóvenes pueden cumplir

El Consejo de Juventud reclama que la inversión de la Junta alcance el 1% por Ley y alerta de que el 47% de los menores de 30 está en riesgo de exclusión.

Siete de cada diez jóvenes andaluces no tienen trabajo. Y los que lo logran, se enfrentan a una alta precarización con contratos temporales que afectan al 66,7%, la tasa más alta del país. Ésta es la principal causa de que solo dos de cada diez de los 1,33 millones de jóvenes andaluces estén emancipados. En todos los casos además, el pago de la vivienda supone al menos la mitad de los ingresos, superando en la franja de 16 a 24 años el 70%. Todo ello se desprende del análisis realizado por el Observatorio de Emancipación referido al primer trimestre de 2015, publicado este mes. Este informe analiza periódicamente las condiciones sociolaborales de la población joven en el ámbito estatal y por comunidades autónomas, centrándose en la calidad del empleo y el acceso a la vivienda. La situación en Andalucía ha empeorado respecto al año anterior, manteniendo la tasa de paro cercana al 50% –la cuarta de España–, mientras que en la franja de menores de 35 sigue liderando la estadística negativa a nivel nacional.

Para el último ejercicio, la Junta anunció que destinaría 347 millones de euros a los programas Emplea Joven y Emplea 25+, que en 2014 propició casi 46.000 contratos según datos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). «En Andalucía se invierte mucho dinero en programas de empleo. Simplemente pedimos que se hagan de una manera más estructurada», señala Lorena Rodríguez, presidenta del Consejo de Juventud andaluz (CJA), que lamenta que «no hay unos resultados que hayan demostrado una eficacia real» de las medidas planteadas. Su principal reclamación es que se fije un 1% del presupuesto anual de la Junta a políticas específicas de juventud, más allá de las adoptadas en materias como sanidad o educación que puedan afectarles. Actualmente, detalla, solo se destina el 0,065% –suponen 19 de los 29.625 millones de presupuesto– y un 0,007% a facilitar la emancipación. El empleo, concretamente la falta de él, así como su calidad son las principales preocupaciones del CJA. De cada cuatro personas jóvenes, una está subocupada, es decir, sus horas de trabajo son inferiores a las que quiere y puede asumir. Además, la sobrecualificación crece, afectando ya a la mitad de jóvenes con un contrato de trabajo, cuyos estudios finalizados son superiores a la formación requerida, incidiendo especialmente en las mujeres (el 41,7% tienen un contrato de menos de un año).

«Proponemos que la garantía juvenil se contemple como un derecho subjetivo que le correspondiera a cualquier joven de manera que ninguno esté más de cuatro meses sin un empleo o formación de calidad que le abra puertas. Desaparecería así el desempleo de larga duración, situación en la que están la mitad de los desempleados menores de 30». Para Rodríguez, es fundamental que «haya una formación de calidad. Un alto porcentaje de jóvenes se queda en estudios primarios y hay que especializarlos». En este sentido, proponen además reconocer oficialmente las competencias adquiridas en el actividades de voluntariado y que se equiparen en todas las comunidades autónomas. El Sistema de Garantía Juvenil fue aprobado en julio por el Consejo de Gobierno y en principio destinará 323 millones en la tercera fase de aplicación de los programas ya iniciados, según la Junta.

«Nos preocupa mucho la situación: el 47% de jóvenes está en riesgo de pobreza o exclusión social, según la tasa Arope. Son necesarias medidas específicas como renta básica no inferior al salario mínimo interprofesional o ayudas al alquiler», insiste la presidenta del CJA. «El problema es hacer una buena gestión porque también uno de cada tres jóvenes que trabaja está en riesgo de exclusión», asegura y sitúa el tope para gastos en vivienda en un 30% de los ingresos para no ahondar en el actual sobreendeudamiento.

El CJA asesoró al Gobierno andaluz durante la elaboración del anteproyecto de la Ley de Juventud, cuya tramitación parlamentaria se prevé en marzo, según confirmaron fuentes de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Desde 2013 trabajan en una norma que tal y como se ha redactado no aporta soluciones a los endémicos problemas juveniles. «Se ha elaborado con nuestro asesoramiento pero no se ha recogido ninguna de nuestras propuestas. Nos dijeron que una ley al final no es como entra en el Parlamento, si no como sale...», explica con resignación la presidenta del Consejo. «Nos hemos reunido con todos los grupos parlamentarios y en líneas generales apoyan nuestras propuestas. Esperemos que en este período de alegaciones se profundice más». Otra de sus aspiraciones –no incluida tampoco en el texto– es «tener personalidad jurídica propia e independencia real de la Administración. Ahora mismo somos un órgano adscrito al Instituto Andaluz de la Juventud. Queremos poder llevar a cabo proyectos europeos con jóvenes, como el Erasmus Plus y sobre todo poder actuar con libertad».

diente de aprobación, el consejero de Economía y Conocimiento adelantó en octubre que contará con 22 objetivos y 78 acciones «para convertir el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (SCTI) de Andalucía en motor de desarrollo basado en el conocimiento».