Constatan que la Junta usó el modelo de los ERE en 7 empresas públicas

Sevilla- El «caso de los ERE» y el «caso Invercaria» van camino de una misma conclusión: los presuntos fraudes cometidos en ambos casos parten de un uso irregular de las empresas públicas por parte de la Junta de Andalucía, que canalizaba a través de esta administración paralela subvenciones sin los controles administrativos exigibles legalmente. Así lo entiende la Fiscalía Anticorrupción, que ha pedido al juez que investiga las irregularidades en la empresa pública de capital riesgo que incoe diligencias previas contra siete entes administrativos pertenecientes a la administración andaluza por el uso irregular de transferencias de financiación para «subvenciones excepcionales y encargos de ejecución», sorteando así la «fiscalización previa».

Las siete sociedades señaladas son la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, la Empresa Pública de Gestión de programas culturales, Extenda, Egmasa, Epdasa, Giasa, RTVA y Turasa. Todas ellas, según informes de la Intervención aportados por el Ejecutivo autonómico al juez que investiga el «caso Invercaria», «presentan defectos en la contabilización de las transferencias de financiación que afectan a resultados o en la clasificación de activo y pasivo». El pasado 14 de noviembre, la representación legal del PP aportó estos datos al juzgado de Mercedes Alaya porque consideraba que tenía conexión con los hechos que se investigan en el «caso de los ERE». Ahora, el Ministerio Público respalda esta teoría y reclama que se remita a la magistrada esta documentación. La Agencia IDEA era la empresa pública que pagaba los ERE y que recibió las transferencias de financiación de manera irregular. Los datos muestran que no fue la única y que el modelo del «fondo de reptiles» –dinero público manejado de manera opaca y sin los controles administrativos imprescindibles– estaba generalizado en la Junta.

Anticorrupción, que ya respaldó a Alaya y calificó de «perverso» el uso otorgado por la Administración autonómica a las transferencias de financiación, considera que puede existir «un ilícito penal» de prevaricación y/o malversación de caudales públicos en la gestión de estas empresas públicas. Precisamente, estos son los dos delitos que la instructora ha imputado a los ex altos cargos de la Junta, entre ellos a la ex ministra y ex consejera Magdalena Álvarez, persona que impulsó –junto a otros– este sistema.

La Fiscalía reclama la apertura de diligencias previas para revisar la gestión en estas empresas públicas y reclama todos los informes elaborados sobre las mismas por la Intervención General desde 2003.

Doble espaldarazo a la magistrada en dos días

Dos decisiones judiciales han respaldado la línea de instrucción de Alaya. El jueves trascendió el auto de la Audiencia Provincial que rechazaba el recurso de la Junta contra la imputación de una veintena de cargos y ex altos cargos. La Junta actúa más en el rol de defensa que de actuación, ratificó la Audiencia. El escrito de Anticorrupción quiebra el argumento del Ejecutivo de que las transferencias de financición son legales.