Dardos del SAF a unas cuentas de la Junta que no quitan grasa a la «Administración paralela»

El sindicato, que ayer valoró los Presupuestos de 2020 junto a otros agentes sociales, califica de “bochornoso” que se pague a los altos cargos indemnizaciones por vivienda o cesantías

Era el turno de valoración de los agentes sociales del proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta para 2020 y sus representantes desfilaron ayer por la Comisión de Hacienda, Industria y Energía del Parlamento andaluz, entre ellos los del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), cuyo presidente, Carlos Sánchez, tachó en ese foro de «bochornoso» que se siga pagando el «alquiler» a los altos cargos de la Administración autonómico, así como las cesantías que se les abona tras su salida. Junto a ello, los portavoces de esa organización sindical pusieron el foco en que las segundas cuentas del Ejecutivo autonómico permiten que «siga engordando» la denominada «Administración paralela», «a costa y en detrimento de la Administración General de la Junta de Andalucía», según se recoge en un documento que entregaron a los diputados de los distintos grupos, consultado por LA RAZÓN. Detallan en él que el personal de esa segunda Administración lo integran «25.930» trabajadores, «1.330 más que en 2018», y son «laborales que conforman las plantillas de las agencias públicas empresariales, sociedades mercantiles del sector público y entidades asimiladas».

Mientras esos círculos crecen, «en la Administración General ha habido una variación significativa del número de efectivos», denunciaron. De hecho, a la luz de los datos que maneja el SAF, se ha pasado de «unos 25.000 funcionarios de carrera en el año 2009, a 21.592 en 2019». O dicho de otra forma, en una década se han perdido 3.408 funcionarios en la comunidad, lo que se ha traducido, para el SAF, en «una mayor dificultad técnica, dedicación, responsabilidad y penosidad por parte de la totalidad» de ese personal.

CSIF-A y CC OO

De otro lado, el presidente de CSIF-A, Germán Girela, puso encima de la mesa una reclamación: formar parte de los acuerdos de la llamada Concertación Social. Al margen de esa petición, desde dicho sindicato se demandó que se destine a Educación el 7% del Producto Interior Bruto (PIB) regional y se recordó que ya ha habido movilizaciones en las calles ante el cierre de plantas hospitalarias y la falta de personal sanitario. Por su parte, CC OO mostró su «rechazo» a unos Presupuestos que «no ayudan a corregir los problemas» endémicos que padece la comunidad como el paro.