Andalucía

Déficit de inversión: «Que los colegios abran cada mañana oculta la mediocridad educativa»

La plataforma «I love 5%» prepara una gran protesta en marzo si la Junta no cambia la Ley para que el presupuesto anual de la enseñanza se fije en ese porcentaje del PIB, unos 7.250 millones de euros

Juan Antonio González, Teresa Pablo y Patricia Cuadrado, miembros del colectivo «I Love 5%», en la presentación de la campaña en Sevilla
Juan Antonio González, Teresa Pablo y Patricia Cuadrado, miembros del colectivo «I Love 5%», en la presentación de la campaña en Sevillalarazon

Del «no a los recortes» a exigir más de siete mil millones anuales de presupuesto para la educación pública. Así han cambiado las tornas en la comunidad educativa, que ya no pide solo recuperar lo que tuvo, si no un compromiso económico muy por encima del actual. «Los colegios abren las puertas todas las mañanas y por eso no se nota esa mediocridad a la que nos va abocando la Administración educativa». Ése es para Teresa Pablo, portavoz de la plataforma «I love 5% por la educación pública», el resumen del por qué las reivindicaciones educativas no se toman en serio por parte de la Junta. La huelga es un cartucho que se guardan, y están dispuestos a disparar, para forzarla a garantizar por Ley un 5% del producto interior bruto (PIB) andaluz para la Consejería de Educación. «Una medida de fuerza que impactara sería ideal para visibilizar esa problemática, pero para eso tiene que haber una unidad absoluta entre nosotros», admite.

Los grupos parlamentarios de IU y Podemos fueron quienes avanzaron en noviembre la presentación de una proposición de ley para reformar la Ley de Educación andaluza e incorporar ese «blindaje», que supondría en torno a 7.250 millones al año, calculado con respecto al PIB de 2015. Durante el año pasado, este índice experimentó un crecimiento medio del 2,5% en los tres primeros trimestres; lo que se traduciría en 181 millones más para educación si rigiera esa obligación inversora. «El movimiento de muchos colectivos por la defensa de la educación surgió hace mucho tiempo. Se han ido incorporando a medida que los recortes les afectaban: interinos, docentes de Primaria, monitores escolares... Lo que sí es nuevo es que confluyamos todos los actores», relata la portavoz. Nuevo es también que las reivindicaciones no partan de protestas por medidas específicas y avancen exigiendo blindar los recursos económicos destinados a educación. El último debate parlamentario enfrentó las cifras esgrimidas por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, con las de este colectivo. Díaz aseguró que la inversión en Andalucía será este año de 7.250 millones, 222 más que el año anterior. Sin embargo, contabiliza la aportación de todos los departamentos, así como la enseñanza universitaria.

La realidad es que el presupuesto estimado de la Consejería de Educación es de 6.100 millones. En 2016, consignó 5.885 millones de euros; y 6.002 millones en 2015. A partir de 2014, ya se puede hablar de gasto real, contrastándolo con los datos publicados por la Consejería. Ese año, invirtió 5.588 millones –el 4% del PIB–; en 2013, fueron algo más, 5.625 millones; y 5.746 en 2012, atendiendo exclusivamente a la dotación de esa consejería. Si el cálculo tuviera en cuenta la aportación transversal del resto de departamentos, la reducción del presupuesto entre 2012 y 2014 sería de 388 millones –5.984 frente a 5.596 millones–, un recorte considerable en las primeras cuentas de Díaz como presidenta que desvela la verdad a medias que pronunció en el Pleno, asegurando que «se ha incrementado el presupuesto en los últimos tres años desde que soy presidenta». «Piense que estamos en una inversión, el 4,56%, un punto más que la media de España –le espetó Díaz a la portavoz de Podemos–. Usted habla con frivolidad de un punto más, un punto menos del PIB. Un punto de nuestra riqueza son 1.500 millones», razonaba la presidenta.

«I love 5% por la pública», que aglutina a medio centenar de colectivos, ha hecho incluso cálculos con las mejoras inmediatas que conllevaría ese incremento: con 205 millones, se recuperarían los 4.502 docentes despedidos en 2012 –el año pasado otros mil interinos salieron de las aulas–; con 100 millones se podrían construir 20 colegios de infantil y 20 de Secundaria. «Con solo 60 millones sería suficiente para que hubiera un monitor de apoyo de Infantil en cada colegio, para ayudar en tareas relacionadas con el control de esfínteres, la alimentación o lahigiene», desgrana la portavoz sevillana. Solo tres de cada cuatro centros dispone de comedor. «Cada año la Consejería oferta las plazas que le permiten los presupuestos, más allá de las necesidades de los centros, no se adaptan a la realidad», lamenta. La enseñanza bilingüe también se ha constituido como un privilegio: solo el 31% de los alumnos acude a uno de los mil centros implantados.

«La calidad educativa de la públicaestá salvada porque el profesorado se implica más de lo que puede», afirma Pablo. Cree que la huelga nacional convocada para el 9 de marzo será un buen termómetro para valorar la fuerza de las reivindicaciones andaluzas. Y reclama, aquí sí, mayor protagonismo de los docentes ante la escasa respuesta en las anteriores convocatorias frente al apoyo masivo del alumnado, superando el 82% en la protesta contra las reválidas de la Lomce de noviembre.

En este punto, surge la cuestión: ¿todo el problema de la educación en Andalucía, la primera en abandono escolar temprano, se resolvería con más dinero? «En gran parte sí, porque los recursos humanos que es lo que realmente puede poner el acento en la calidad. También hay problemas de funcionamiento en los centros, que no tienen presupuesto para arreglar una avería, por ejemplo. Ese día a día mejoraría sin duda, aunque no es solo cuestión de dinero», admite Pablo.

De momento, el siguiente paso será reunirse el próximo 18 de marzo en Málaga para trazar las líneas de un acuerdo social por la educación, para debatir las necesidades y cambios. La plataforma estará además atenta a la presentación de la proposición de ley de Podemos e IU. «Vamos a ver qué respuesta hay cuando llegue al Parlamento y en función de ella, tomaremos medidas», anuncia.