Del «limbo jurídico» a una protección «insuficiente»

Son casi 300.000 viviendas afectadas y, si contamos una media de tres personas por casa, «seríamos casi un millón, la segunda ciudad con más habitantes de Andalucía». Quien hace esta traslación es Francisco León, presidente de la Plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir (Apaig). La regularización de las viviendas ilegales de la comunidad autónoma es un mantra que se anuncia insistentemente legislatura tras legislatura pero nunca llega a concretarse. El pasado mes de julio el Consejo de Gobierno al fin materializó la promesa que hizo la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad de 2014 en relación a la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), abriendo la puerta a la regularización de unas 20.000 viviendas edificadas en suelo rústico.

La condición para acogerse a esta legalización es que no estén edificadas en suelo protegido, que no tengan ningún procedimiento judicial en curso y que no se encuentren en zonas inundables o de riesgo. Precisamente, la norma deja fuera a las viviendas que fueron afectadas por las graves inundaciones del Guadalquivir ocurridas en 2010, especialmente las ubicadas en las parcelas cercanas a la capital cordobesa. Los propietarios de estas construcciones, aparte de sufrir las consecuencias del «limbo jurídico» en el que se encuentran, soportan sobre sus cabezas la espada de Damocles que supone estar a escasos metros del río, con la posibilidad de que el agua vuelva a arrasar sus parcelas.

El proyecto de ley que modifica tres artículos de la LOUA superó el pasado mes de octubre el debate de totalidad del Pleno del Parlamento andaluz, por lo que la iniciativa continúa su curso en la Cámara y los partidos siguen recabando propuestas de los colectivos afectados. En este punto, León critica que la norma ofrece una protección «insuficiente» y no pone orden en el «galimatías» normativo de los ayuntamientos, cada uno con sus planes de protección específicos. «La ley debe ser clara y concreta, evitando la arbitrariedad de los técnicos y políticos municipales y autonómicos, que no resuelven los problemas reales», sostiene. ¿Cuál es la situación que soportan diariamente estos propietarios? León recuerda que muchas de estas viviendas no tienen suministros básicos de electricidad ni agua, las calles no tienen alcantarillado e incluso algunos propietarios no pueden inscribir sus inmuebles en los registros de la propiedad. «No somos constructores con ánimo de lucro», matiza, además de pedir a la Junta que ponga en marcha una suerte de grupos técnicos encargados de valorar la situación de cada vivienda. En muchas de ellas, recuerda León, «los propietarios han tenido que costear los servicios comunitarios, algo que corresponde a las administraciones».

El caso de las viviendas ubicadas en la Costa del Sol, más de 50.000, es diferente, puesto que la problemática viene marcada por la estafa que sufrieron sus propietarios, la mayoría extranjeros. Se trata de compradores «de buena fe» que levantaron sus casas con una licencia municipal que resultó ser fraudulenta, por lo que se enfrentan a órdenes de derribo. En definitiva, la plataforma planteará modificaciones a la LOUA «en la línea de democratizar el urbanismo, haciendo posible la participación activa de los ciudadanos en el diseño de las ciudades».

Un plan de mejora en el cajón

Hace tres años la Plataforma de Afectados por las Inundaciones del Guadalquivir presentó al Ayuntamiento de Córdoba un plan de mejora que preveía paseos fluviales y carriles bici para conectar la periferia ribereña –Alcolea y Encinarejo– con el centro, y así evitar las crecidas del río. El plan se guardó en un cajón y tan sólo se han llevado a cabo «actuaciones puntuales que no han solucionado nada».