Denuncian al alcalde de Ganemos de La Zubia por prevaricación

Trasladan a la Fiscalía la supuesta alteración de un concurso de selección de monitores en la piscina municipal de manera «arbitraria».

El alcalde de La Zubia, Antonio Molina (Ganemos), ha sido denunciado ante la Fiscalía Superior de Andalucía por posible prevaricación y tráfico de influencias relacionado con un proceso de selección de trabajadores de la piscina municipal, que suspendió después de que fueran elegidos los tres candidatos, y luego volvió a convocar tras modificar la composición del tribunal.

El denunciante es una de las personas que logró uno de los empleos ofertados inicialmente que sostiene que el alcalde actuó de forma «caprichosa y arbitraria» cuando el órgano seleccionador no le obedeció, incluyendo un «supuesto asesor técnico» que era de su confianza.

Así consta en la denuncia, a la que tuvo acceso Ep, que se dirige además contra ese asesor técnico de la piscina municipal y la concejal de Personal en el Ayuntamiento, María Trinidad Montes Martín, también de Ganemos.

Los hechos se remontan al 26 de octubre de 2015, cuando el alcalde convocó por decreto la selección de tres personas dentro de las categorías de monitor de natación y monitor socorrista acuático. El 9 de noviembre, el tribunal seleccionador se reunió para tratar el asunto, una reunión a la que acudió un gestor comercial y asesor técnicos de la piscina municipal, «persona de confianza» del alcalde, quien supuestamente «trató de imponer su criterio» sobre los requisitos exigibles a los aspirantes y se enfrentó al tribunal, según consta en el acta.

El 10 de noviembre, el tribunal hizo la propuesta de contratación de los tres aspirantes de mayor puntuación, entre los que se encontraba el denunciante. Sin embargo, un día más tarde, el alcalde, «vistas las personas seleccionadas y que el asesor por él enviado no impuso su criterio en la selección», dictó un nuevo decreto para suspender el proceso y convocó un nuevo procedimiento de selección que se produjo el 12 de enero de 2016. Según el denunciante, este proceso «es tan arbitrario» que ni siquiera se respetaron los plazos en la convocatoria.