Denuncian por prevaricación y fraude contra la Administración a dos cargos de la Junta de Andalucía

Pertenecen a la estructura de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla y Ecologistas en Acción los culpa de perjudicar a las arcas públicas por «liberar» a empresas de sanciones tras ocupar vías pecuarias

No es imprevista. Se ha elaborado con esmero, como reflejan los frondosos anexos documentales que contiene, y con líneas claras. Ecologistas en Acción ha interpuesto una denuncia en los juzgados sevillanos contra el secretario general de la Delegación de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en esa provincia, J. S. C. L.; el jefe de departamento de Vías Pecuarias de ese mismo ente territorial, J. G. V.; y contra «otras personas, funcionarios o autoridades que fueran responsables de omitir sus obligaciones legales en materia de protección del dominio público pecuario» y en la de fijar «las tasas legalmente establecidas» por la «ocupación» del mismo «en relación a diversos tramos» de trece vías pecuarias de Sevilla. La organización conservacionista considera que los hechos que describen en ella podrían ser constitutivos de los presuntos delitos de prevaricación por omisión, de fraude contra la Administración pública y de administración desleal.

Los ecologistas relatan que los pasados meses de mayo y junio, el delegado territorial de la consejería firmó «varios acuerdos de no inicio de procedimiento sancionador» ligados a denuncias suyas formuladas en 2014 por «ocupaciones de las referidas vías pecuarias sin autorización». Ello se justificó, aseveran, «mediante informes del denunciado secretario general», de mayo de este año también, en los que se refleja que sí contaban con permisos. «Pero lo cierto es –se advierte en la denuncia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN– que en todas las ocasiones, las autorizaciones a las que se alude son de fechas posteriores a la efectiva ocupación o uso de las vías pecuarias» y a «las primeras denuncias interpuestas» por Ecologistas. De ahí que esta entidad defienda que «los expedientes sancionadores debieron iniciarse de oficio» o tras sus quejas y tienen que arrancarse aún «en la actualidad», por «las infracciones cometidas antes de recibir esas autorizaciones, independientemente de que se hayan otorgado las mismas».

Detallan que se trata de expedientes iniciados en 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 cuya tramitación se impulsó en 2014, «tras años ‘durmiendo’ en los cajones de la Delegación Territorial de Sevilla de Medio Ambiente», cuando «los proyectos» de naturaleza privada, empresarial en algunos casos, a los que aluden, «ya estaban ejecutados y ocupando las vías pecuarias». Esos planes tuvieron que contar con los correspondientes informes ambientales, lo que implicaría el visto bueno de la Comisión Interdepartamental Provincial (CIP), o con licencias municipales. En ellos quedaba «condicionada la ejecución del proyecto a obtener, con carácter previo, la preceptiva autorización de ocupación de las vías pecuarias» afectadas, que, sin embargo, no se logró hasta 2014, con lo que en los años anteriores la Administración andaluza debió actuar e incoar de oficio expedientes sancionadores, de acuerdo a lo trasladado a los juzgados por los conservacionistas. Éstos sostienen que la doble decisión de los funcionarios denunciados, de un lado la de no iniciar aquéllos, y de otro la de «dejar dormir» los expedientes de invasión de las vías iniciados muchos años antes, ha provocado «un doble perjuicio» para la Administración: a que «no se ingresen las posibles sanciones» se suma el que tampoco entran en las arcas públicas «importantes cantidades de dinero en concepto de tasa 00.43 por ocupación en vías pecuarias», recogida en la «ley 8/1997, de 23 de diciembre», por la que se aprobaron «medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la Junta de Andalucía y otras entidades, de recaudación, de contratación, de función pública y de fianzas de arrendamientos y suministros». Una circunstancia que, avisan, implica otro daño en «la conservación, vigilancia y mejora de las propias vías pecuarias», dado que el objeto de la referida tasa es precisamente ése, de acuerdo al Decreto 155/1998 y a la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Exponen que la mayoría de estos expedientes «son en realidad» regularizaciones de «ocupaciones existentes, de hecho producidas por una actividad en funcionamiento» como «líneas eléctricas, fábricas, tanatorios...» y señalan en concreto a J. S. C. L. como quien ha «jugado» con «los procedimientos administrativos y con sus funciones» para «liberar» a una empresa, por ejemplo, de «pagar las tasas» actuando «en contra de los intereses de la hacienda pública de la Junta de Andalucía».

Hecho el retrato de situación, con abundantes datos y tablas, Ecologistas pide a la Justicia que investigue para que se «depuren las responsabilidades que pudieran existir» y no descartan personarse en la causa, si se abre alguna, para ejercer la acción popular. La sombra se ensaña de nuevo con la política ambiental del Gobierno autonómico.

«Cientos de miles de euros» sin ingresar

En su denuncia Ecologistas en Acción detalla cuáles son los tramos de las vías pecuarias de la provincia de Sevilla que fueron presuntamente ocupadas de forma anómala. No aportan una cifra de lo que la Junta podría haber dejado de ingresar por sanciones, pero sí calculan, según aseguraron a este periódico fuentes de la organización «verde», que «podrían ser cientos de miles de euros».