«Kichi» se enfrenta a la Policía en un desahucio

Como el seductor que descubre junto a la cama de su amante el retrato del marido, así debió de sentirse ayer el flamante alcalde de Cádiz, quien no pudo impedir el lanzamiento de un matrimonio y su hija menor de edad del piso en el que vivían hace veinticinco años. Un bofetón de dura realidad que se estampó en el rostro de «Kichi», cariacontecido tras el suceso y reo, según confesó después, de una «gran impotencia». «Ni un desahucio más», vociferaban los bienintencionados candidatos de Podemos durante la campaña. Pues en una pensión durmió anoche esta familia, después de que medio equipo de gobierno acudiese rauda a la cita con el drama para dejarse fotografiar mientras trataban de obstruir a los funcionarios del juzgado.

A Antonio Moreno, su esposa e hija les negoció la Junta de Andalucía con la propiedad de su vivienda, sita en la céntrica calle Benjumeda, una moratoria de una década de su renta antigua, que expiró hace justo dos años. Aunque ningún vecino quiso hablar delante de las cámaras, muchos de ellos los tildaban de «problemáticos» y confirmaban que llevan dos años sin satisfacer la cuota de 420 euros mensuales, «muy por debajo del precio de mercado en la zona», que pactaron con la dueña, una octogenaria viuda y enferma sin más ingresos regulares que una pensión miserable. La señora, cuyo único patrimonio es una sociedad mercantil propietaria de dos viviendas, la del incidente de ayer y otra en la gaditana calle de Cristóbal Colón, vacía desde hace tiempo. Su situación económica no es en absoluto boyante.

Durante casi una hora, «Kichi» trató de impedir lo inevitable. Una quincena de activistas, entre ellos cuatro concejales de Podemos y dos de Izquierda Unida, formaron una cadena humana en la puerta de la finca mientras el alcalde, gafas de sol y mochila calada en la espalda, negociaba el aplazamiento del desalojo. Cuando la Policía se llevó literalmente en volandas a los ediles –los posibles efectos de su resistencia irían desde una simple falta a la sanción económica, que habrá que ver si la pagan los ediles o el consistorio– y a sus acompañantes, los inquilinos morosos salieron del portal por su propio pie y arropados por el alcalde, que los acompañó al taxi que habría de llevarlos a la pensión donde pernoctarían. «Lo que ha faltado es voluntad por parte de la propiedad», dijo ateniéndose al guión hemipléjico que, con un maniqueísmo infantiloide, contempla el drama de los desahucios como una historia en la que el villano siempre es un acaudalado acaparador de pisos. No es éste el caso, ya que la situación financiera de la propietaria de la vivienda es «crítica», según fuentes judiciales. Tampoco han considerado «Kichi» y sus beligerantes concejales, más amantes de la brocha gorda que del matiz, que la anterior corporación municipal concedió a la familia Moreno una cuantiosa ayuda económica para coadyuvar al afrontamiento de su renta pero ese dinero se ha gastado en no se sabe qué (o sí...) pero ni un céntimo ha ido a parar a donde estaba destinado.

Igual que miles de bares a lo ancho de España aseguran ser la cuna del genuino tinto de verano, centenares de localidades se atribuyen la acuñación de la palabra «asustaviejas», que en la Tacita de Plata se considera fruto del ingenio gaditano. Es verdad que en la ciudad abundan los maleantes que, con malas artes, espantan a los inquilinos históricos y así facilitan que codiciosos especuladores expriman las oportunidades del mercado inmobiliario pero no es conveniente caer en generalizaciones y mucho menos que lo haga todo un Excelentísimo Señor Alcalde, entre cuyas atribuciones no se cuentan ni erigirse en improvisado abogado de nadie ni el solventar por las bravas los conflictos que la Justicia ha solventado en aplicación del ordenamiento jurídico que él ha prometido cumplir.