Desfase de 302 millones entre el gasto de la AVRA y el presupuesto de la Consejería

La Cámara de Cuentas detecta 4,38 millones de pagos sin justificar y alerta de la falta de un plan estratégico

La Cámara de Cuentas ha detectado pagos pendientes de justificar por importe de 4,38 millones y una demora superior a cuatro años en la fiscalización del programa presupuestario 43A de «Vivienda, rehabilitación y suelo» correspondiente al cierre del ejercicio 2015. Asimismo, cifró en 302,1 millones el «desfase» entre la dotación del programa y los gastos generados por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) en los programas de gestión delegada (las actuaciones realizadas por cuenta de la Consejería).

La Cámara de Cuentas también efectuó «un seguimiento durante el período 2012-2015 del desfase entre la dotación presupuestaria del programa presupuestario 43A de la Consejería y los gastos generados por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en los programas de gestión delegada (actuaciones realizadas por cuenta de la Consejería de adscripción), cuantificado en 256.624.680 euros». Por tanto, teniendo en cuenta que en 2011 este desfase era de 256,6 millones, hasta 2015 aumentó un 18 por ciento, situándose en 302,1 millones.

Según el informe de la Cámara, «los libramientos pendientes de justificar del programa presupuestario 43A, que a cierre del ejercicio 2015 acumulan una demora superior a cuatro años desde el vencimiento del plazo límite (anterior a 2012), ascienden a 4.384.290 euros». El 42 por ciento se corresponden «con ayudas autonómicas a la rehabilitación de viviendas de la provincia de Sevilla y el 34 por ciento a ayudas para cooperación internacional en materia de vivienda y arquitectura». «Dada la antigüedad de los vencimientos, el riesgo de prescripción es muy elevado, debiendo analizarse la procedencia o no de exigencia de reintegro o de depuración de saldos», señala el ente de fiscalización. El informe alerta de que, dada la antigüedad de los vencimientos –en algunos casos anterior a 2012–, el riesgo de prescripción es muy elevado y aboga por que se «analice la procedencia o no de exigencia de reintegro o de depuración de saldos».

Además, señala que la justificación de las transferencias con asignación nominativa de 2015 a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía para financiar actuaciones del programa de ayudas Renove a la rehabilitación de edificios de viviendas y de rehabilitación integral, renovación urbana y erradicación del chabolismo, con un importe de 1,63 millones y 3,03 millones, respectivamente, 4,66 millones en total, «se basa en certificaciones de pagos a beneficiarios que no acreditan la realización de la actividad».

El déficit derivado de las actuaciones de gestión delegada queda reflejado en las cuentas anuales de la AVRA dentro de los derechos pendientes de cobro; «no obstante, dado que una parte sustancial de los mismos no ha sido reconocida por la Consejería, en las cuentas anuales de 2015 figura una corrección valorativa por deterioro de 271.249.000 euros», conforme al criterio señalado por el propio ente fiscalizador en el Informe «Conciliación de saldos pendientes de cobro Junta de Andalucía-Agencias Públicas Empresariales. 2014».

La Cámara de Cuentas recoge, asimismo, que «la Consejería de Fomento y Vivienda no dispone de un plan estratégico con horizonte plurianual que abarque, entre otros, el ejercicio 2015». Así, «durante los ejercicios 2013 a 2015, ambos inclusive, no consta un plan ordenado, estructurado e integrado de las diversas líneas de actuación de la Consejería de Vivienda en materia de vivienda, rehabilitación y arquitectura, donde se definan y desarrollen objetivos, programas, actividades e indicadores, así como los mecanismos y órganos encargados de su seguimiento y evaluación».

A nivel operativo, «los objetivos, actividades e indicadores del programa presupuestario no se han incluido debidamente ponderados en función de su importancia, relevancia y contribución a la consecución de la finalidad última del programa».

Con carácter general, el informe de la Cámara de Cuentas constata que la tramitación de los expedientes de subvención y subsidiación a promotores de vivienda adolecen de falta de análisis y verificación del coste de la actuación subvencionada a efectos de determinar el «eventual exceso de financiación».