Díaz hará públicos los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Junta

Airear obrará el milagro contra el desafecto de los ciudadanos hacia la política. Ésa parece ser la creencia de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, quien ayer dejó claro que, con independencia de que el Gobierno central impulse el pacto estatal por la regeneración política que le planteó a Mariano Rajoy, «Andalucía llegará al límite en sus competencias en materia de control y de transparencia».

Durante un balance de sus primeros días al frente del Ejecutivo autonómico, la socialista sumó una nueva medida de cambio de ciclo a la incorporación en la Ley de Presupuestos para 2014 de las medidas de fiscalización «previa y 'a posteriori'» de las transferencias de financiación recomendas por la Intervención General de la Junta, la publicación de las rentas y bienes de todos los consejeros y de sus parejas y a la Ley de Transparencia que será remitida al Parlamento en enero.

Díaz anunció que el Consejo de Gobierno previo a su intervención había aprobado «la publicación del orden del día y de los expedientes de cada reunión que se celebre», satisfaciendo así una de las obligaciones que contrajo en su discurso de investidura pronunciado en septiembre. De acuerdo con la nueva regulación, los órdenes del día de los encuentros de trabajo de los consejeros estarán disponibles el día anterior a su celebración a través del portal de la Administración autonómica – www.juntadeandalucia.es–.

Por lo que respecta a la documentación de los asuntos aprobados en esos cónclaves, que también tendrá carácter público, se podrá acceder a ella en el mismo sitio web al día siguiente del Consejo. ¿Habrá limitaciones? Según una nota del Gobierno andaluz, éstas pasarán por las que establece la legislación vigente «en relación con la intimidad de las personas, la protección de datos personales, la seguridad pública, las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; el secreto industrial, comercial y la protección del interés general y de los derechos legítimos de terceros». Tanto los acuerdos como los datos de los expedientes administrativos se mantendrá «on line» al menos durante tres meses desde la adopción de las decisiones del Consejo y transcurrido ese plazo, podrán ser solicitados.

La obligación de hacer públicos los órdenes del día se hará efectiva de forma inmediata, tras la inclusión del acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). No sucederá lo mismo con la documentación. Ésta no podrá consultarse hasta dentro de alrededor de dos meses, tiempo necesario para que «el portal de la Junta realice las adaptaciones técnicas que permitan la disponibilidad de los archivos informáticos con las adecuadas garantías de autenticidad, seguridad y protección de datos».

La iniciativa supone un adelanto de las medidas que se incorporarán al ordenamiento jurídico con la aprobación de la futura Ley de Transparencia y, en palabras de la presidenta, pone de manifiesto que «el nivel de compromiso con la rendición de cuentas que hay en Andalucía no existe en ninguna comunidad».

En el mismo tono demostrativo, la baronesa socialista apuntó otra notificación. Solicitará su comparecencia en el Parlamento regional en enero «para analizar la situación de la comunidad». «Cumpliendo así mi compromiso de rendir cuentas ante la Cámara cada seis meses», expuso para matizar a golpe de sonrisa: «Aunque en enero sólo llevaré cinco».

Han sido «cien días intensos, duros, de trabajo, pero que han estado caracterizados por la estabilidad política y el diálogo institucional», subrayó la presidenta. Con 25 comparecencias ante los medios de comunicación y unos 20.000 kilómetros ya a sus espaldas, Díaz proclama haber protagonizado una «agenda intensa» y haber defendido los «intereses de Andalucía dentro y fuera» de la comunidad.

De lo que no ha podido desvincularse en esos más de tres meses es de una palabra: corrupción. A los avances judiciales de la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares –se negó a valorar el informe de la Intevervención General de la Administración del Estado (IGAE) que apunta a la nulidad de las ayudas–, se han unido distintos escándalos vinculados a los sindicatos y a la patronal. De hecho, el pacto social tripartito entre la Junta, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), UGT y CC OO está en el punto de mira, veinte años después de que se firmara por primera vez. Preguntada por esta cuestión, la presidenta andaluza recordó que «al margen de los distintos expedientes que están siendo revisados», al calor de los fraudes destapados por los medios, ya aseveró que «había que analizar todas las herramientas que estaban al servicio de un nuevo modelo productivo». Para Díaz, «hay que abrir la economía andaluza en canal» y «revisarlo todo, incluida la concertación social», llegó a mantener. Pero hubo puntualización: «No porque haya expedientes que no se han gastado bien, sino porque hablo de un nuevo modelo. Hay que repensarlo». Marca la líder que toca «ocuparse de que lo que se ha hecho funcione bien», si bien avisa: «Una cosa es revisarlo –el modelo de relaciones laborales– y otra acabar con la representación de los trabajadores».