Díaz no pisa el acelerador para combatir el fraude

Afirma ahora que la oficina contra la corrupción se hará realidad «a lo largo de este semestre», pese a que la anunció en 2015 y aseguró en el Parlamento que estaría en 2016

Hay puentes a los que parece que nunca se llega para cruzarlos. El líder autonómico de Ciudadanos (C’s), Juan Marín, le preguntó ayer por uno de ellos a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la sesión de control al Gobierno del Parlamento andaluz: la anunciada oficina contra la corrupción y el fraude fiscal de la comunidad. Marín recordó a la socialista que su creación se contemplaba en «el punto 14 de regeneración democrática» del documento programático que su formación firmó con el PSOE para permitir su última investidura y la emplazó a concretar «cuándo la tendremos» para evitar que se repitan episodios de corrupción del pasado. Díaz le respondió: «Sabe que el decreto está elaborado –se tramitará a través de esa fórmula que implica el visto bueno del Consejo de Gobierno y que para C’s debería contribuir a la celeridad– y a lo largo de este semestre lo vamos a finalizar, lo vamos a aprobar». En otras palabras, la oficina contra el fraude y la corrupción no se alumbrará antes del verano. Y ello, a pesar de que la presidenta y secretaria general de los socialistas andaluces ya se comprometió a hacerla realidad en un acto que se celebró en Sevilla para presentar el programa electoral con el que su partido concurrió a las elecciones autonómicas de marzo de 2015, en presencia de colectivos y organizaciones sociales. En aquel escenario, una entonces candidata a la reelección como presidenta del Gobierno regional defendió que con ese instrumento quien pretendiera acercarse a «lo público», con la intención de «aprovecharse de lo que es de todos», se lo tendría que pensar, dado que no sólo se le iba a perseguir si cometía algún tipo de irregularidad, sino que se le iba a «poner muy difícil» la aproximación a «los recursos» comunes. Los comicios pasaron, Díaz ganó y tras semanas de bloqueo, logró realcanzar San Telmo gracias al pacto con Ciudadanos.

La legislatura se puso a funcionar y la presidenta aseveró en la Cámara autonómica que la mencionada oficina se pondría en marcha el pasado año. De hecho, así se recoge en un documento elaborado en la propia Junta de marzo de 2016 en el que se detallaban las promesas de la máxima dirigente del Ejecutivo andaluz que se habían cumplido entonces y las que estaban todavía en ejecución. Sin embargo, casi un año después, se vuelve a posponer su arranque hasta mediados del presente ejercicio.

Más allá del tiempo, Marín lanzó en el plenario una hilera de condiciones que la formación naranja pretende que se cumplan en torno a la naturaleza del órgano: quieren que «esté dirigida por funcionarios, no por políticos», que tenga «conexión directa» con «las fuerzas de seguridad del Estado» y esté coordinada con «la Administración de Justicia». Ciudadanos reclama además una oficina anti fraude que «tenga poder de fiscalización de toda la Administración, incluidos los entes instrumentales». «Ésos en los que nunca nos pondremos de acuerdo sobre cuántos son», matizó, ya que Díaz, dijo, le «da una cifra» y a él le «sale otra». Por último, Marín instó a la presidenta a que se la dote de todos «los medios necesarios, sin escatimar», ya que, mientras mejor funcione, más dinero obtenido de esa lucha se podrá destinar a otros ámbitos como la educación y la sanidad. «Cumpla usted con su palabra, que es su patrimonio», remató el portavoz parlamentario de C’s, quien volvió a intentar que la Junta pisara el acelerador y el breve turno de réplica que tuvo en el que aprovechó para preguntar a su interlocutora: «¿Podría ser en este primer trimestre?».

Díaz no contestó explícitamente con una negativa, pero argumentó que un decreto de «esta índole» requiere de un «trámite preceptivo y propio». En suma, que no. Explicó que la futura oficina tendrá dos ámbitos de actuación: prevenir la corrupción y combatir el fraude fiscal y se le conferirá capacidad sancionadora. La consejera andaluza de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, adelantó otro dato en 2016: contará con un área dedicada a las subvenciones, que se seguirán otorgando por los diferentes gestores de la Administración, a través de la que se vigilará de cerca a los beneficiarios para garantizar que las ayudas se destinan a los fines para los que se asignaron y se supervisará el proceso de tramitación para evitar los «cuellos de botella».

A la espera de que la teoría se concrete, la jefa del Ejecutivo regional desveló ayer en el plenario: «Con el 10% de competencia tributaria que tenemos –entre los impuestos propios y los cedidos por el Estado–, Andalucía ha sido capaz de recuperar en torno a 1.200 millones que habían sido evadidos, sustraídos de la caja común de todos». «Imagínese –añadió dirigiéndose a Marín– lo que podría hacer el Gobierno de España con el 90% restante». Cogió el guante de la palabra como patrimonio, para insistir en que será fiel a la suya y se mostró satisfecha de la evolución del acuerdo de investidura rubricado por ambos partidos, si bien puntualizó que es el «único» que los une, tras insinuaciones de los grupos a su aptitud para tejer alianzas.