Díaz se declara en rebeldía y avisa de que «no recortará más»

Acusa a Montoro de «intimidar» a las comunidades a las que da 15 días para plantear un recorte de 600 millones. La Junta «amenaza» con no cumplir lo prometido a sus empleados, si tiene que asumir la poda

Susana Díaz «no va a recortar más». Lo dejó claro ayer en la sesión parlamentaria de control a su Ejecutivo, en la que acusó al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, el popular Cristóbal Montoro, de mantener una «actitud de intimidación» hacia las comunidades autónomas, a doce de las cuales habría remitido una carta para exigirles que en un plazo de 15 días planteen un recorte por haber incumplido el objetivo de déficit. Poda que en el caso de Andalucía asciende a los 600 millones de euros y contra la que la socialista no ha dudado en declararse en rebeldía.

Es más, tras constatar la desdichada certeza contenida en la misiva, se preguntó si la actitud de Montoro no será una reacción a que ha recibido un «ultimátum de la Unión Europea» (UE) para que el PP modifique «alguna promesa electoral ligerilla como la reforma fiscal», o para «tener que aprobar» algunos cambios que se correspondan con «un punto de nuestro Producto Interior Bruto (PIB)», deslizó. Sin disimulos, la presidenta de la Junta expuso que no le parece «normal» que un Ejecutivo «interino en funciones» haya enviado a «todos los gobiernos autonómicos cartas de recortes de 600 millones», para dejar claro desde su asiento en la Cámara autonómica que en su caso ha pinchado en hueso. Es más, insistió en que el popular «tendrá que explicar qué está pasando». «Si hay un ultimátum de la UE que se sepa –recalcó–, que no nos enteremos dentro de tres meses», auguró, para censurar que quienes «están en campaña electoral», pretendan cargar a las espaldas de las regiones el incumplimiento de un déficit que el Estado tampoco cumple desde hace casi una década con respecto a Europa.

«No vamos a dejar enfermos sin hospital, niños sin aulas, maltratadas sin apoyo o dependientes sin asistencia», abanderó, para dejar claro a quienes la critican por «confrontar» con el Gobierno central de que parafraseaba a la consejera del PP de Asuntos Sociales de Castilla y León, pese a que esa cartera no existe como tal en el organigrama del Ejecutivo de esa comunidad.

Y la socialista no estuvo sola en la defensa de su postura. La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, vinculó la retirada de gasto de 600 millones que exige Montoro a un aviso a navegantes: de materializarse, «el 25 por ciento de la paga extra abonada a los empleados públicos en el mes de febrero –correspondiente al ejercicio de 2012– habría que retenerla en las nóminas», a lo que habría que sumar que «no podrían subir el uno por ciento» las retribuciones de los trabajadores de la Administración autonómica, como se ha prometido»; ni recuperar «el salario ni la jornada del personal sanitario». Unas declaraciones que fuentes sindicales lamentaron, pues «podrían interpretarse como una amenaza».

Con todo, Montero quiso luego incidir en la idea de que «Andalucía no va a recortar en el Estado del Bienestar» ni va «a revertir la mejora en las condiciones de los empleados públicos», aunque está comprometida con la estabilidad. «Si la Administración central hubiera reducido su déficit entre 2011 y 2015 un 67 por ciento como Andalucía –planteó en declaraciones a Ep–, se habría situado en 2015 en el 1,8 por ciento del PIB nacional, 1,1 puntos por debajo del registrado (10.149 millones de euros) y que habría bastado para cumplir con el objetivo fijado para el Reino de España por la UE», subrayó. En ese escenario, la titular de Hacienda desveló que la Junta le ha pedido a Montoro que «rectifique y dialogue con las comunidades».

Antes, en el Parlamento, Díaz le había reprochado al presidente del PP-A, Juanma Moreno, quien le arrojó a su bancada un rosario de promesas incumplidas, que actúe siempre «de palmero» del presidente del Gobierno central y de su partido, Mariano Rajoy, y de «las políticas de sufrimiento». Hurgó en sus diferencias para adelantarle que tendrá «la oportunidad de posicionarse» porque la Junta llevará a la Cámara una iniciativa para que «todas las fuerzas políticas le digan a los andaluces» si reclamarán que se le dé a la comunidad «lo que le corresponde» desde el punto de vista financiero. De momento, lo que el Pleno del Parlamento andaluz aprobó ayer fue una Proposición no de Ley para que la Cámara pida al Ejecutivo autonómico que inste al Gobierno de la Nación a la condonación de 4.156 millones de euros a la región por haber recibido menos financiación que la media en las liquidaciones del sistema de financiación.

La iniciativa, presentada por el Grupo parlamentario de Podemos y que fue respaldada por el PSOE-A y parcialmente por Ciudadanos e IULV-CA –el PP la rechazó–, solicita a la Junta que fije en el cero por ciento el tipo de interés a las operaciones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y blindar los derechos sociales y a los empleados públicos.