Educación no gastó 1.216 millones de euros presupuestados entre 2009 y 2013

A los duros recortes de la Junta, con la supresión de la paga extra durante tres años y 4.500 docentes despedidos, se une la falta de ejecución de las cuentas públicas, que en 2012 llegó a tener un desfase de 545 millones

El cuento de la lechera, pero a la inversa. Así podría resumirse la política educativa de la Junta de Andalucía durante el período comprendido entre 2009 y 2013. A la ciudadanía se les «vendían» unas cuentas públicas sociales, centradas en Educación y Sanidad –este año copan el 50,6% del Presupuesto– mientras el balance final arrojaba datos elocuentes: unas cifras que no eran más que números sobre papel que luego se ha demostrado mojado.

La Unidad de Estadística y Cartografía de la Consejería de Educación recoge en sus estudios anuales el gasto en educación, referido al presupuesto liquidado. El último ejercicio del que se han publicado esos datos es 2013. Cotejando las previsiones recogidas en la memoria económica de las cuentas públicas de ese año con la ejecución al cierre del ejercicio, el balance es positivo en 389 millones de euros. Eso significa que la Consejería de Educación dejó de gastar esa cantidad: de la inversión de 6.025 millones anunciada –que ya suponía un recorte del 11% respecto a 2012– se emplearon 5.636 millones. Esta falta de ejecución es también la tónica de los años precedentes. 2012 fue el ejercicio que registró un mayor incumplimiento: 545 millones se quedaron «en el cajón», ya que solo se ejecutaron 5.745 de los 6.290 millones de euros que tenía consignada la Consejería de Educación. En el ejercicio inmediatamente anterior, el desfase se cerró con 129 millones (de 6.138 a 6.009). En 2010, la diferencia entre la previsión de gasto y la liquidación final se elevó hasta los 201 millones de euros, quedándose en 6.155 millones. El año 2009 fue el único en el que se dispuso de más presupuesto del estipulado, cerrando el ejercicio con un gasto de 6.039 millones, 48 más de lo dispuesto. En total, durante el período más duro de la crisis económica, la Junta optó por no invertir en Educación 1.216 millones de euros, un 4% de lo planificado en ese lustro, una elevada cifra que habría que añadir a los sucesivos recortes en los centros públicos.

El baile de las cuentas se acentuó conforme avanzaba la crisis económica, pero eso no fue obstáculo para que desde la Administración regional se vendiesen unas expectativas irreales, ya que solo en uno de los ejercicios analizados la liquidación final concuerda con la estimación inicial de Hacienda.

La consignación presupuestaria global para Educación incluye a otras consejerías, así como la aportación a las universidades públicas, dependientes de Economía y Conocimiento, pero los datos tenidos en cuenta solo se refieren al presupuesto de la Consejería de Educación, desagregados de cualquier otra actividad educativa como pueden ser los programas de educación musical promovidos por Presidencia o los dirigidos a fomentar el consumo responsable en escolares, entre muchos otros.

¿Sin recortes?

«Por lo que se refiere a la educación, la apuesta del Gobierno de Andalucía es por la ampliación de derechos, no por su recorte». Esa declaración de intenciones, extraída de la Ley de Presupuestos de este año, adquiere un tinte irónico cuando se conocen las cifras anteriores. La propia presidenta, Susana Díaz, ha venido defendiendo el «blindaje» de dos áreas tan sensibles como la educación y la sanidad, que ya habían sufrido sensibles mermas presupuestarias. En el caso de educación, en 2012 se prescindió de 4.502 docentes aplicando la ampliación de dos horas lectivas; una medida que se unía a la supresión de la paga extra de diciembre, que la Junta ha mantenido hasta este año, siendo la última comunidad en restablecer este derecho a sus funcionarios. Andalucía es además la única que no ha reintegrado el 25% de la paga extra de 2012, comprometida para febrero del próximo año.

Esta falta de ejecución presupuestaria resulta más flagrante con realidades como la de las aulas prefabricadas, que aún persisten en 178 colegios públicos y cuyo fin no parece cercano, según reconoció la consejera, Adelaida de la Calle, en septiembre. En su comparecencia llegó a supeditar la supresión de las 317 prefabricadas, que afectan a 8.700 alumnos, a la llegada de fondos del Gobierno central.

Los retrasos en los pagos a las escuelas infantiles concertadas han sido también una constante desde hace cuatro años, en los que los centros han reclamado además la revisión del IPC en el precio de las plazas, congelado desde 2009. El Servicio de apoyo a las familias al que se carga esta ayuda, así como la bonificación de comedor y aula matinal, sufrió en el período analizado un incremento paulatino desde los 147 millones de 2009 a los 243 de 2012, aunque en 2013 se redujo hasta los 203 millones, según consta en la memoria económica de cada año. Un aumento que se debe a la reducción de ingresos de las familias que optan a dichas ayudas.

Esta situación reaviva el debate sobre la realidad de las cuentas de la Junta, una información que permanece enmarañada y a la que es casi imposible acceder, como han denunciado insistentemente los grupos de la oposición. El grueso de la polémica se articula cada año en la aprobación de la Ley de Presupuestos, de hecho fue lo que provocó las mayores fricciones entre IU y PSOE durante sus tres años de Gobierno bipartito. No ha sido así con las cuentas de 2016, cuando el PSOE se encontró con el apoyo «a ciegas» de Ciudadanos, que ha respaldado el proyecto de Hacienda sin conocerlo. Los otros tres partidos de la oposición –PP, Podemos e IU– han presentado esta semana enmiendas a la totalidad, bloqueadas con los votos en contra de C’s y PSOE. El portavoz de IU, Antonio Maíllo, el más elocuente en las críticas contra los Presupuestos, llegó a asegurar el pasado martes que tras las elecciones generales del 20-D «no los va a conocer ni la consejería que los parió». La cuestión de fondo es si además de realistas, las cuentas son reales.