El 70% de las ayudas de los ERE se basa en un fin «pintoresco»

El perito propuesto por Aguayo admite la existencia de un compromiso político que vinculaba al Gobierno y recogido en los Presupuestos

El juicio sobre el «procedimiento específico» de los ERE alcanzó el centenar de sesiones inmerso en la que está considerada como su prueba estrella: la declaración de los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE), quienes sostuvieron que una irregularidad administrativa no equivale a una arbitrariedad. No obstante, el perito propuesto por parte de la defensa de la ex consejera Martínez Aguayo admitió que existía un compromiso político que vinculaba al Gobierno y se reflejaba en los Presupuestos.

El catedrático de Derecho Administrativo Juan Antonio Carrillo explicó al fiscal que «la ecuación jurídica» por la que una irregularidad administrativa equivale a una «invalidez» y a una arbitrariedad resulta «falsa». El magistrado presidente llamó la atención a Carrillo, pidiendo que se dirigiese «con respeto al fiscal», después de solicitar el declarante al Ministerio Público que pregunte «con toda la verdad».

Por su parte, el interventor estatal Ángel Turrión enumeró los «pintorescos» objetivos de muchas de las ayudas de los ERE. El perito citado por la defensa Juan Ramallo recordó que para que existieran esas ayudas «debió haber la autorización y el consentimiento por parte de la Intervención de la Junta». Turrión detalló que de las 270 ayudas concedidas entre 2001 y 2010 por la Dirección General de Trabajo, sólo un 30% era para trabajadores afectados por crisis empresariales y «190 son ayudas que tienen un objeto dispar cuando no pintoresco». Entre estos fines citó fiestas o ferias de muestras de ayuntamientos, un curso a personal directivo de la Junta, un máster de la Universidad de Sevilla –del que viene informando este periódico–, el pago de nóminas o subidas de sueldos para evitar huelgas, servicios de consultoría y minutas de despachos. A ellos hay que sumar las «numerosas ocasiones» en las que las ayudas «no tienen objeto definido». «Digamos que se concedieron porque sí», indicó Turrión.

Otra parte del debate versó sobre si las ayudas se destinaban a las empresas o a los trabajadores. La sesión se centró, asimismo, en la obligatoriedad o no del gabinete jurídico de la Junta de haber informado del convenio marco de 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y sobre los convenios específicos para desarrollar la concesión de las subvenciones, en lo que discreparon los peritos. Los comparecientes propuestos por las defensas señalaron que es el legislador quien determina la finalidad de las transferencias de financiación. Para Turrión, éstas están definidas como las partidas que «exclusivamente» están destinadas a «cubrir pérdidas, debiéndose reintegrar el importe sobrante no usado a tal fin». Por su parte, las transferencias finalistas tendrán que «atenerse a la naturaleza de los fondos», considerando «imposible» una transferencia de financiación finalista.