El bipartito perseguirá el fraude de las clases medias para ahorrar 40 millones

Las clases medias pasan a ser objetivo del bipartito. El anteproyecto de Ley sobre el Acceso a los Beneficios Públicos y de Medidas contra el Fraude Fiscal estrechará el cerco contra las familias que se beneficien de ayudas de la Administración o maniobran para pagar menos impuestos. No se trata de grandes fortunas: son personas que obtienen ayudas públicas y que tuercen, sortean o apuran los umbrales establecidos para recibirlas. El objetivo: obtener «entre 30 y 40 millones de euros».

Esta normativa, presentada ayer tras el Consejo de Gobierno por la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, no es nueva. Forma parte del acuerdo que firmaron PSOE e IU e incluso la expuso el ex presidente José Antonio Griñán en su discurso de investidura de 2011 cuando anunció «la paulatina revisión de los criterios para obtener bonificaciones y subvenciones, que garantice que los recursos públicos se destinan con la mayor equidad y que tengan en cuenta, además de la renta de los beneficiarios, determinados elementos patrimoniales».

La primera vía de este anteproyecto se centrará en las bonificaciones que reciben las familias de la Junta de Andalucía y que sólo se medían a través de la declaración de la renta. Es el caso para las ayudas a las escuelas infantiles de primer ciclo, comedor o acceso a viviendas protegidas: bastaba con presentar la declaración del IRPF. Ahora se valorará también el patrimonio neto del solicitante de la ayuda. La Junta mantiene que la renta no mide siempre la auténtica capacidad económica de una persona, ya que se pueden tener ingresos bajos pero disponer de un amplio patrimonio, como segundas residencias, valores de renta fija o variable y otros instrumentos financieros, que no se tenía en consideración a la hora de conceder ayudas. Montero aseguró que este tipo de casos «se conocen bien, sobre todo en los pueblos de Andalucía».

El segundo pilar de esta norma, que tardará entre 6 y 7 meses en remitirse al Parlamento, es recaudar más. El Ejecutivo andaluz fortalecerá los mecanismos de control para eludir impuestos o estrechará el celo en que los contribuyentes se beneficien indebidamente de menores tipos o reducciones en la base imponible. No se trata de impuestos para grandes fortunas, sino figuras impositivas comunes como Transmisiones Patrimoniales o Sucesiones y Donaciones.