El «bunkering», problema de todos

Las gasolineras flotantes constituyen un peligro. La práctica consentida por Gibraltar en la bahía de Algeciras debe acabar. Las buenas palabras del Gobierno de La Roca no son suficientes. El Ejecutivo central ha dado los pasos necesarios para limitar esta práctica prohibiéndola en el Lugar de Importancia Comunitaria del Estrecho Oriental. También el Consejo de Ministros tomó otra decisión en este sentido al declarar ese espacio como Zona de Especial Conservación. Con estas medidas, se han articulado los mecanismos imprescindibles para que Gibraltar ponga freno al «bunkering». Sin embargo, como cuenta hoy este periódico, el Gobierno de Fabian Picardo mira para otro lado pese a sus promesas de limitar el avituallamiento de combustible. Y, en este escenario, ¿qué hace la Junta de Andalucía? Sorprendentemente, nada. La última vez que LA RAZÓN consultó sobre este asunto al portavoz del Ejecutivo, éste argumentó que no se trataban de competencias autonómicas. Es cierto. Sin embargo, es el mismo Gobierno que, por ejemplo, reclama una solución para los paradores turísticos y pide su gestión pese a que tampoco tiene competencias. O que permanentemente exige un cambio en determinadas políticas de Rajoy pese a que son responsabilidad del Gobierno elegido hace un año en las urnas. Tampoco las organizaciones ecologistas son las garantes de que el «bunkering» no ponga en peligro la costa de Cádiz, pero su trabajo es el que permite que se denuncien estos hechos y que puedan acabar suscitando la intervención de la Unión Europea. Sería deseable la recomendación de todos.