El cambio de Gobierno en Andalucía, un nuevo coste para las arcas públicas

La lucha de la presidenta andaluza, Susana Díaz, por la supremacía del PSOE nacional anunciaba para junio una crisis de Gobierno. Díaz finalmente regresó a Andalucía sin los galones de la secretaría general de su partido. Esto no evitó el previsible cambio en la Junta, tocada profundamente por las sucesivas protestas ciudadanas por la gestión de la sanidad –especialmente en Granada, de donde procedía precisamente el consejero– y la pésima adaptación de los colegios ante la ola de calor. Educación y Salud tienen nuevos titulares, en ambos casos personas «de dentro», profundas conocedoras de las delicadas materias que les tocará gestionar. En total, han sido cuatro las incorporaciones consejeros y dos cambios en el organigrama –el portavoz a Cultura y la consejera de Cultura a Justicia e Interior–.

Más allá de las cuestiones «estéticas», los nuevos nombramientos tendrán unas consecuencias económicas. El último ejemplo se puede buscar en la disolución del Gobierno andaluz cuando se convocaron las elecciones en marzo de 2015. Entonces, solo cobraron las cesantías dos consejeros de IU, Diego Valderas y Rafael Rodríguez. Ambos recibieron más de cuatro mil euros al mes durante dos años –cien mil euros en total cada uno–, pese a que solo habían estado tres años en el cargo. Los cuatro consejeros salientes tendrían derecho a cobrarla; si lo hicieran todos, el coste para los andaluces sería de cuatrocientos mil euros. Tres de ellos son funcionarios –José Sánchez Maldonado y Adelaida de la Calle, catedráticos de la UMA y Emilio de Llera, fiscal–. En los escalafones inferiores, se han producido seis ceses –tres han sido recolocados en responsabilidades mayores o similares– y una dimisión, tendrán que ser indemnizados en función de sus puestos y tiempo en el cargo. La Junta los compensa incluso aunque hayan dimitido, como en el caso de la viceconsejera de Presidencia. En 2015, por ejemplo, fijó finiquitos de 362.000 euros para nueve dimitidos.

Los nuevos titulares provienen todos de fuera de la capital administrativa: uno de Almería, dos de Córdoba y otro de Málaga y podrían solicitar además la percepción de la ayuda para que el erario público corra con los gastos derivados de su traslado de residencia temporal. Los consejeros que vivían en la capital con anterioridad no tendrán derecho a ese pago. Los titulares de cinco consejerías –Hacienda, Cultura, Educación, Economía y Conocimiento y Turismo– y el portavoz del Gobierno andaluz cumplen ese requisito. Hasta el cambio, eran siete los consejeros que recibían hasta el plus por vivienda: un pago aparte de la nómina que alcanza hasta 1.357 euros mensuales. La cordobesa Rosa Aguilar, ahora en Justicia e Interior, y José Fiscal, de Huelva, son los únicos de fuera de Sevilla que no se benefician de ella, según los datos publicados en el Portal de Transparencia autonómico. Alonso, De la Calle y Sánchez Maldonado han estado cobrando 1.357 euros cada mes; y Carmen Ortiz, extitular de Agricultura, 1.231 euros. De los que se mantienen, el vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, natural de Cádiz, cobra 1.010 euros mensuales; la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, 568 euros/mes; y el titular de Fomento y Vivienda, 1.357 euros. También tienen derecho a esta ayuda para vivienda altos cargos de las consejerías: viceconsejerías, direcciones generales y secretarías generales, además de presidentes de entes dependientes como el Consejo de Relaciones laborales, el Ifapa o el director del CAAC. Incluso los delegados territoriales las cobran, nueve en total. El gasto global en este ámbito sumaba en el primer trimestre 54.295 euros –651.500 euros anuales–.

El Portal de Transparencia debe actualizar aún la información relativa a las indemnizaciones por cese. Las últimas que figuran son las derivadas de la «crisis de la sanidad», por la que renunciaron el viceconsejero y el director gerente del Servicio Andaluz de Salud, compensados con tres y cinco meses de sueldo pese a que abandonaron «motu proprio» según consta en el Boletín Oficial de la Junta (BOJA). Desde el 31 de marzo, esa sección permanece inalterable.

Ocurre lo mismo con los sobresueldos para el pago de la vivienda. De los cinco consejeros cesados, cuatro recibían mensualmente un extra. El número de viceconsejeros y delegados territoriales acogidos a esta medida llama la atención. Sobre todo, en el caso de los segundos, ya que los nombramientos suelen ser de oriundos para que sean conocedores de la problemática de la zona: nueve cobran al mes entre 1.357 y 415 euros.