El carbón llegaba a casa mensualmente

A partir de 2019 las ayudas al carbón nacional deben desaparecer por exigencia de la Unión Europea»

Si usted creía que se estaba librando del carbón de los Reyes Magos al levantarse cada 6 de enero resulta que se equivocaba en buena medida. En la factura eléctrica de su hogar entraba cada mes un pago para financiar la subvención al uso del carbón nacional utilizado en las centrales térmicas para la generación de electricidad. La cuantía está incluida en otra más genérica denominada «pagos por capacidad», su valor se fija por el Gobierno y forma parte de los denominados peajes de acceso.

Lo anterior es sólo un ejemplo que ayuda a explicar por qué la factura de la luz es tan compleja de entender. Lo es no sólo por cuestiones estrictamente técnicas propias de este suministro tan determinante para nuestro confort doméstico y para la actividad económica cotidiana, sino también porque sirve para enjugar otras cuestiones sobre las que se podría discutir largamente acerca de si deberían ser excluidas de la factura.

Pero la cuestión del carbón no se queda únicamente en esa cantidad que se cuela en su factura en concepto de pagos por capacidad, sino que a ella se le añadirán dos impuestos que también soportará su bolsillo si es un consumidor doméstico. Vayamos por partes.

Desde septiembre de 2014 en el detalle de su factura de la luz aparecen tres grandes componentes hasta llegar al importe final. Luego cada componente se divide en una serie de subapartados que hacen del documento algo verdaderamente complejo de entender pero cuyo resultado final es que el precio que paga por la electricidad que consume puede no ser, frecuentemente, la mayor parte de su factura. Las tres partes a las que me refiero son: primero la facturación que se le hace por la potencia que usted tiene contratada, segundo, la facturación por energía consumida; y tercero dos impuestos y el alquiler de los equipos de medida de lo que consume.

Los dos impuestos incrementan su contribución mensual a financiar el uso de carbón nacional. El primero y menos importante es el impuesto de la electricidad que aumenta la partida en un 5,11% (realmente en las facturas aparece como el 4,864% multiplicado por 1,05113 –sic–). El segundo impuesto que se le carga es el 21% del IVA.

A partir de 2019 las ayudas al carbón nacional deben desaparecer por exigencia de la Unión Europea. Una exigencia que ha impactado no solamente en España sino también en Alemania. El sector minero ya venía reduciéndose desde hace años, su menor competitividad y los crecientes compromisos asumidos por España en la luchas contra el cambio climático han marcado esa evolución y cierre progresivo de minas y empresas auxiliares.

A comienzos de la década de los noventa del siglo pasado, el sector estaba compuesto por 234 empresas y 45.212 trabajadores que producían 19,32 millones de toneladas. Sin embargo, en 2015, el entonces Ministerio de Energía, contabilizaba sólo 15 empresas, 3.324 empleados y una producción de 3,04 millones de toneladas.

Las ayudas al carbón son sólo un ejemplo del uso de la factura eléctrica a modo de enjuague de cuestiones discutibles. El ex ministro Miguel Sebastián fue muy claro sobre este particular en su libro «La falsa bonanza» (Ediciones bonanza, 2015). Particularmente llama la atención del control artificial del precio de la luz para reducir la inflación de la economía española de manera que se pudiera cumplir con uno de los requisitos para acceder al grupo de países del euro. Para ello la Ley del sector eléctrico de 1997 creó la figura del déficit tarifario que permitía funcionar al sistema eléctrico a pesar de tener unos costes que superaban los ingresos con el compromiso de luego devolverles esas pérdidas. La misma ley creó la obligación de pagar a las empresas eléctricas los denominados costes de transición a la competencia que también acabamos soportando, de una forma u otra, todos los españoles.

En definitiva, la factura de la luz ha servido o sirve para enjugar decisiones tan importantes como la muy gravosa moratoria nuclear decretada por los gobiernos de Felipe González, los mencionados costes de la ley de 1997, las primas a las energías renovables o estas subvenciones al carbón nacional.

La mayor parte de estos conceptos admiten una serena discusión acerca de si deben ser soportados por todos los ciudadanos vía impuestos o por los usuarios de la energía eléctrica. Contribuyentes y usuarios de la luz no difieren mucho pero el mecanismo de financiación, sí. En ambos casos se trata de un muy antiguo mecanismo de gobierno que consiste en repartir el coste de las ayudas o beneficios recibidos por una parte pequeña de la población entre una gran cantidad de pagadores o pecheros. De esta forma, la cuantía que a cada uno nos corresponde es tan pequeña (y, en este caso, tan oculta) que por sí misma no supone un gran rechazo.

*José Manuel Cansino es catedrático de la Universidad de Sevilla y profesor de la Universidad Autónoma de Chile