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El «caso ERE» que la Intervención no frenó

El ex consejero Fernández la culpa de la permanencia del sistema y a Guerrero de no informar de nada

  • El ex consejero Antonio Fernández, detrás de Chaves y Griñán en el juicio de los ERE (Foto: Efe)
    El ex consejero Antonio Fernández, detrás de Chaves y Griñán en el juicio de los ERE (Foto: Efe)
Sevilla.

Tiempo de lectura 2 min.

13 de noviembre de 2018. 21:17h

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N. A.  Sevilla. 14/11/2018

La interpretación restrictiva de cuándo se debe emitir un informe de actuación por parte de la Intervención General de la Junta de Andalucía frenó que aquél se hiciera, pese a que se daban «los requisitos legales» para elaborarlo, y con ello se impidió que se cortara el grifo de las ayudas que acabaron componiendo el «caso ERE». Ésa es una de las tesis que defendió ayer en el juicio de la pieza política de esa «macrocausa» el abogado Alfonso Martínez del Hoyo, representante procesal del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide una pena de ocho años de prisión y treinta de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, según trasladaron a LA RAZÓN fuentes del caso.

De acuerdo al relato del letrado, el sistema usado por la Consejería de Empleo para repartir ayudas sociolaborales y a empresas en crisis durante casi una década no se ocultó a la Intervención. En concreto su área delegada en Empleo «conoció» desde 2001 el destino de las transferencias de financiación que se realizaron primero al IFA y luego a la agencia IDEA, que actuaron de cajas pagadoras de los fondos públicos, por lo que pudo emitir un reparo que hubiera suspendido el desvío de dinero y abortado las operaciones. Esto hubiera provocado, a su vez, que el método con el que se asignaban las ayudas hubiera llegado al Consejo de Gobierno de la Junta.

Pero el abogado no apuntó sólo en esa dirección –el ex interventor general Manuel Gómez es uno de los 21 encausados–, miró también hacia abajo. En ese sentido anotó que los directores generales que se sucedieron entre 2000 y 2010 «jamás informaron» de las subvenciones ahora ensombrecidas. Se refirió en concreto a uno de ellos, el también investigado Francisco Javier Guerrero, para sostener, que su «programa» –el 31L– no era «un secreto», al tiempo que insistió en que no informaba a sus superiores de nada «ni de las ayudas ni de las cantidades», según lo trasladado a este periódico por las fuentes consultadas presentes en la Sala. Con todo, Del Hoyo aludió en su intervención también a la Orden ministerial de 1995, diseñada en la etapa como ministro de Trabajo del ex presidente andaluz José Antonio Griñán –otro de los enjuiciados– para sumarse a la defensa de Guerrero en cuanto a que la forma de concesión de las subvenciones estatales y autonómicas no difería en exceso, salvo la sujeción a la fiscalización previa en el caso de las nacionales. Si bien, fuentes del caso recordaron a este periódico que en un escrito dirigido al juzgado instructor del «caso ERE», Fernández mantuvo que «las ayudas sociolaborales de autos no presentan identidad ni traen fundamento» en la mencionada Orden de 1995.

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