El Consejo de Gobierno se suma a la campaña electoral

El FLA, la reválida o la dependencia, frentes de confrontación de la Junta con el Gobierno.

Queda un mes para las elecciones generales y se nota. Los partidos están «enchufados» a una precampaña que prácticamente se ha encabalgado sin ninguna interrupción con las elecciones fallidas del 20 de diciembre y las negociaciones para formar gobierno. La cercanía electoral también se nota en la Junta de Andalucía. Los intereses que paga la comunidad por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la falta de compromiso del Ejecutivo de Rajoy en la financiación de la dependencia y hasta la presunta «confrontación electoral» del Ministerio de Educación, que ha pedido por escrito a la Junta que aclare si los alumnos de sexto de Primaria harán la reválida, se colaron en las comparecencias posteriores al Consejo de Gobierno, en el que la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, anunció dos medidas que en el mejor de los casos no verán la luz hasta final de este año o principio del siguiente: la garantía para que los proveedores de servicios básicos (sanidad, educación y justicia) puedan cobrar en 20 días –si no tendrán el derecho de acudir a un banco para que haga el abono– y otro decreto de cuentas abiertas para que los ciudadanos puedan acceder trimestralmente a los saldos y pagos de la Junta.

El Consejo de Gobierno acordó ayer adherirse al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) del segundo trimestre, por el que el Gobierno inyectará 724 millones de euros, que se unen a los más de mil millones correspondientes al trimestre anterior. Este fondo ha sido una de las principales herramientas de auxilio financiero para la Administración andaluza. Con cargo al FLA la comunidad ha pagado a proveedores, facturas de la Ley de la Dependencia o ha hecho frente a vencimientos de deuda en situaciones de dificultad. Fue de hecho la propia presidenta andaluza, como consejera de Presidencia, quien tuvo que gestionar una dotación adicional del FLA a finales de 2012 para hacer frente a los vencimientos de deuda en un momento crítico de la tesorería andaluza.

No obstante, el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, recordó que el Gobierno andaluz ha pagado 1.500 millones en intereses del FLA, que se hubiera ahorrado si el Ejecutivo andaluz contara con un sistema de financiación justo. Argumentó que la reforma del sistema de financiación lleva dos años de retraso por la decisión «arbitraria y caprichosa del presidente del Gobierno». La Junta contabiliza una deuda de 4.156 millones de euros hasta 2013 por este sistema de financiación. No cuestiona la Administración andaluza el sistema en sí, que respaldó el ex presidente Griñán e incluso hizo algunas aportaciones en su etapa como consejero de Hacienda, sino su implementación. «Hay que preguntarse hasta cuándo va a durar este castigo a Andalucía», abundó el portavoz de la Junta.

La dependencia es otro de los focos habituales de confrontación entre las administraciones autonómica y estatal. El portavoz del Ejecutivo, al hilo del informe de 2015 de la Agencia de Servicios Sociales que abordó el Consejo de Gobierno, afeó a Rajoy que la Junta aporte el 22 por ciento para este servicio, mientras que el Estado sólo el 22, con lo que se incumpliría el reparto del 50 por ciento que establece la ley. «Es triste que Rajoy se vanaglorie ante la Unión Europea de haber recortado 2.800 millones de euros en los últimos cuatro años. De ellos 508 millones de euros en Andalucía».

La argumentación de la Junta contrasta con un informe del Tribunal de Cuentas. En relación al ejercicio 2012 señala lo siguiente: «Las comunidades que mayores recursos propios destinan a la dependencia y cuyo origen no procede de fondos transferidos por el Estado son Madrid (73,26 por ciento), Extremadura (63,08 por ciento) y Castilla-La Mancha (60,13 por ciento), situándose en el otro extremo Galicia (27,48), Islas Baleares (32) y Andalucía (34,98).