El consejo de la competencia también detecta fallas en la ley de formación

Traslada a la Junta que revise los objetivos y varios artículos para garantizar la seguridad jurídica

La futura Ley de Formación Profesional de Andalucía que se gesta desde 2014 no sólo ha pasado por el tamiz del Consejo Económico y Social de la comunidad (CES). La Consejería de Educación de la Junta también se la remitió al Consejo de Defensa de la Competencia autonómico, dependiente de la Consejería de Economía y Conocimiento, que, como el CES, ha detectado en el embrión de norma algunas deficiencias a subsanar.

En su informe sobre el proyecto de ley, consultado por LA RAZÓN, el consejo deja claro que el proyecto normativo «tiene incidencia en la competencia efectiva, la unidad de mercado y la mejora de la regulación en el ámbito de la comunidad», por lo que «deben realizarse una serie de consideraciones orientadas a corregir aquellas disposiciones particulares» del mismo para las que «cabría observar su no conformidad con la normativa de competencia, garantía de la unidad de mercado y con los principios de buena regulación». Partiendo de esa base, el organismo traslada al Ejecutivo regional que cree «oportuno» para arrancar, «una revisión de los objetivos que perseguiría el anteproyecto de ley», e incluso del «lugar que su exposición debe ocupar en la redacción de la norma». A ello suma la «conveniencia» de buscar una «mayor coincidencia» entre «la definición del Sistema de Formación y Cualificación Profesional de Andalucía», prevista en el artículo 3 de la ley, y «la establecida para el Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio», dada «la correspondencia que cabría inferir entre ambos». En relación con el primer sistema de ámbito autonómico, el consejo recomienda además que se repasen sus fines, reflejados en el punto 4 del texto, por si alguno de ellos «pudiera llegar a ser más propio de otras políticas públicas para las que podrían ser más competentes otras autoridades», advierte en su amplio estudio integrado por 68 páginas. No es el único aviso que realiza. Encadena en su informe varios vinculados a la seguridad jurídica y a la «incertidumbre» que podría generar el mantener la literalidad de algunos artículos del borrador que analizó como el relativo a las «cualificaciones profesionales».

Para el consejo, la norma tendría que suponer «una integración real de toda la regulación relativa a la formación profesional en Andalucía», de manera que se creara «un único registro integrado» que posibilitara que cuando un centro docente pretenda impartir materias de formación profesional para el empleo, con independencia de su titularidad pública o privada, pudiera hacerlo de forma ágil. Algo que no sucederá si se mantiene el diseño planeado por la Junta en el anteproyecto. En ese sentido, el organismo de defensa de la competencia aboga por que, en lo que respecta a los centros de formación profesional públicos, se fije «un único procedimiento administrativo» para su constitución en el ámbito del sistema educativo y otro para los que impartan formación profesional para el empleo. Sólo dos. Y en cuanto a la órbita de lo privado, el ente señala que ha localizado «ciertas discrepancias» entre lo dispuesto en un par de artículos por lo que demanda que, en aras de «garantizar un marco regulador claro», se precise «cuál sería el proceso a seguir» para que un centro pueda ofertar actividades formativas, «ya sea en el sistema educativo o bien para el empleo». «Y todo ello –se añade en el documento– en coherencia con el marco legalmente establecido a nivel estatal, garantizando el cumplimiento del principio de seguridad jurídica». El rosario de recomendaciones es amplio para una ley que acumula ya tres años de elaboración.

94.000 euros para crear líderes «efectivos»

A la espera de que la ley de formación se convierte en una realidad, hay un gasto de la Junta que parece haberse consolidado. Destinará un global de 94.000 euros a un fin: potenciar y desarrollar competencias de 75 de sus directivos para lograr liderazgos «efectivos». La empresa a la que han asignado la actividad formativa, que ya se licitó también el año pasado, es Dopp Consultores SL.