El Consultivo no anula las ayudas de Guerrero al ERE de Mercasevilla

El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha devuelto a la Junta el expediente de revisión de oficio incoado para anular los actos administrativos firmados por el que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, con relación a la financiación de las pólizas de seguro de rentas asociadas al expediente de regulación de empleo (ERE) acordado en 2007 por el mercado central hispalense, Mercasevilla. El Consejo Consultivo, «sin entrar en el fondo del asunto», ha apreciado «diversos defectos» de procedimiento en este expediente de revisión de oficio, como son la ausencia de notificación a «todos los interesados» y la falta de «cumplida respuesta» a las alegaciones de la empresa.

La Junta de Andalucía, a través de su Consejería de Empleo y antes de que ésta fuese integrada en la nueva Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, promovía una «revisión de oficio» de los tres «compromisos de abono» firmados en 2007 y 2008 por el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero: los días 5 de noviembre de 2007, 2 de enero de 2008 y 29 de abril de 2008 para asignar, respectivamente, 3.410.134 euros, 1.609.042 y 1.891.637 euros, para las pólizas de seguro de rentas asociadas a las prejubilaciones de un total de 34 extrabajadores de Mercasevilla acogidos al expediente de regulación de empleo de 2007.

El expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue aprovechado por 40 empleados para acceder a la prejubilación.

El dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía aprecia directamente «la existencia de diversos defectos» de procedimiento en el expediente de revisión de oficio en cuestión, por lo que «sin entrar en el fondo del asunto», el ha resuelto «devolver» el expediente a la Junta de Andalucía.

Este órgano considera como «interesados» en este procedimiento a los ex trabajadores adheridos al expediente de regulación de empleo al resultar éstos «afectados sus derechos» aunque no haya sido «necesariamente de manera directa». Tamién reprocha que Mercasevilla «ha demandado la práctica de determinadas pruebas, una actividad propia de la fase de instrucción, sin que después se haya concedido nuevo trámite de audiencia, alterándose así la secuencia procedimental prevista». «Es evidente que la Administración debe dar cumplida respuesta a estas alegaciones», concluye.