El Defensor del Pueblo Europeo estudia la denuncia de Verdemar contra el Peñón

El presidente y portavoz de Verdemar-Ecologistas en Acción, Antonio Muñoz, ha recibido una comunicación del Defensor del Pueblo Europeo, datada en Estrasburgo el 3 de octubre, en la que se le informa de que su reclamación está siendo «examinada». ¿A qué queja hace referencia ese documento? A la denuncia que la organización activista hizo llegar en junio tanto a esa institución como a la dirección general de Medio Ambiente de la Comisión europea contra el Reino Unido «por la vulneración de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, del LIC –Lugar de Importancia Comunitaria– del Estrecho Oriental», incluido en la Red Natura 2000.

El LIC del «Estrecho Oriental» fue aprobado el 13 de febrero de 2009 mediante la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) de la Decisión 2009/95/CE de la Comisión, de 12 de diciembre de 2008, por la que se dio el visto bueno a una segunda actualización de la lista de espacios amparados bajo esas siglas en la región biogeográfica mediterránea. El LIC se ubica frente a la costa de la provincia de Cádiz, en la zona oriental del Estrecho de Gibraltar. Este área marina incluye el este de la bahía de Algeciras y se extiende hasta el Mar de Alborán, alcanzando su límite exterior una amplitud máxima de 7,4 millas náuticas. Su superficie total es de 23.641,82 hectáreas, aguas que bañan el litoral del municipio gaditano de La Línea de la Concepción y la península del Peñón en su extremo occidental.

Verdemar advirtió en verano a Bruselas de que el Reino Unido estaba «violando» la Directiva Hábitas, «que pretende contribuir al mantenimiento de la biodiversidad en los estados miembros», a través de Gibraltar. En el escrito que remitieron al Defensor, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, acusaban a la Roca de «realizar rellenos de áridos, algunos con materiales contaminados, en los bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda» en los que «cabe destacar la presencia de especies protegidas». A ello sumaban que «el Reino Unido en Gibraltar está incumplimiento el Real Decreto 160/2012, de 30 de noviembre, por el que se declara Zona Especial de Conservación» el lugar del «Estrecho Oriental».

En ese sentido, precisaron que en el anexo I de dicha norma en el que se regulan «usos y actividades», en concreto en el apartado 10, se hace referencia al «bunkering –trasvase de fuel en el mar– para aseverar: «Se prohíbe el fondeo permanente de buques tanque dedicados al suministro de combustible en las aguas comprendidas dentro del espacio protegido». Sin embargo, según mantuvieron los ecologistas en su reclamación, «más de 300.000 toneladas se acumulan» en las denominadas gasolineras flotantes y «se trasvasan casi 5 millones de ellas al año en esta zona protegida». «De modo que –añadieron– los vertidos y garreos –movimientos de los barcos cuando el ancla se ha desligado del fondo– en los arrecifes, están infringiendo esta directiva europea».

Unas actividades amparadas por el Peñón que «inciden negativamente en especies» existentes en el LIC español, algunas de ellas en peligro de extinción. «Están siendo esquilmadas como consecuencia de la degradación de la zona debido al trasiego de combustible, garreos de buques, rellenos ganados al mar y vertidos de aguas residuales sin depurar en Punta Europa», concluyeron.

Ahora el Defensor tendrá que determinar, tras su análisis de la denuncia, si ésta excede o no de sus competencias. Muñoz confía en que no sea así y se ponga freno a la Roca. De momento, lo que sí ha planteado al miembro del ente que se ha puesto en contacto con él es una pregunta: «¿Qué pasa en la UE con el Reino Unido que parece tener patente de corso para hacer lo que quiera?», deslizó. Lamenta la falta de voluntad política que parece imperar para sujetar los desmanes medioambientales de Gibraltar.