El «derbi» definitivo de Antonio Fernández

El ex consejero de Empleo testifica tras posponerse su declaración por una disfonía discapacitante

Antonio Fernández conoce bien lo que significa pasar las fiestas señeras de la capital andaluza en los juzgados de Sevilla. El 24 de abril de 2012, en plena noche del «pescaíto» de Feria, la entonces jueza de Instrucción número 6 de Sevilla Mercedes Alaya ordenó su ingreso en prisión comunicada y sin fianza después de casi 40 horas, divididas en cuatro jornadas, de interrogatorio. Fernández, madridista confeso y acérrimo, ya llevaba más de un día respondiendo a las cuestiones de la magistrada, y bien entrada la noche, a la espera de la decisión de la jueza de si continuaba la sesión, se prorrogaba para el día siguiente, se marchaba a casa o iba a prisión, con las ojeras lógicas por el cansancio acumulado y la pesadumbre doblemente lorquiana propia solo de diestros como Paco Ureña, por los pasillos, entre los paseos intranquilos que sólo se pueden vivir en un juzgado, un tanatorio o un hospital, se acercaba a la tableta digital en la que los periodistas que hacían guardia seguían de fondo el derbi Barcelona-Real Madrid, en plena vorágine entre el «guardiolismo» y el «mourinhismo». «¿Cómo vamos?». La declaración en el juicio por el procedimiento específico de los ERE de Antonio Fernández arranca, en suerte –es un decir–, en plena Semana de Pasión. El Ministerio Público solicita para el ex consejero de Empleo ocho años de cárcel y 30 años de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro de malversación.

La principal línea de defensa de Fernández ante Alaya fue que las ayudas «eran discrecionales pero no arbitrarias», pues aunque «no las conocía todo el mundo, no había que darles publicidad porque sí las conocían los sindicatos y los empresarios a través de la Ley de Presupuestos y de los acuerdos de concertación social». Las ayudas sociolaborales no iban destinadas a empresas, sino a trabajadores, dijo. El ex consejero de Empleo reconoció que las ayudas «no se fiscalizaban» una por una, sino que se realizaba un control ‘a posteriori’. Según Fernández, «no existía ningún criterio jurídico que cuestionara el procedimiento», sino que actuaba bajo criterios políticos, añadiendo que desde la Consejería se presentaron alegaciones a los reparos de la Intervención General de la Junta, que se «aquietaba» y las daba por buenas al no responder a las mismas. Sobre «el uso del dinero del fondo de reptiles», en referencia a la partida presupuestaria 31L, Fernández contestó que «no admito que use el término fondo de reptiles», ya que «se trata de fondos presupuestados». El ex consejero defendió ante Alaya que el convenio marco suscrito en 2001 para regular la concesión de las ayudas «es y sigue siendo legal», y a preguntas de la magistrada sobre si Manuel Chaves, José Antonio Griñán y el resto del Consejo de Gobierno conocían la «operativa» del sistema, contestó que «sí», ya que, como subrayó, «no había nada ilegal».

La declaración de Fernández estaba prevista para las primeras sesiones del juicio. Era el segundo en declarar, siguiendo el criterio solicitado por el Ministerio Fiscal, justo después del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. Ambos son los dos principales señalados del «caso ERE», uno como presunto artífice de las irregularidades y ejecutor de las ayudas; y el otro, debido a que el origen del supuesto fraude se está situando en la Consejería de Empleo. Fernández fue viceconsejero del ramo entre el 29 de abril de 2000 y el 24 de abril de 2004 y posteriormente consejero hasta marzo de 2010. Una «disfonía discapacitante», corroborada por los peritos forenses, ha provocado que finalmente sea el decimonoveno ex alto cargo en declarar. Tras él, sólo faltan Chaves, Griñán y el ex secretario general técnico de Empleo, de Innovación y ex director de Finanzas de IFA/IDEA, Juan Francisco Sánchez García, quien quedó fijado para el final por un cambio de defensa.

La entrada en prisión de Antonio Fernández marcó un antes y un después en la instrucción y en la política andaluza. El ex consejero de Empleo se convirtió en el tercer imputado que ingresaba hasta la fecha en la cárcel por el «caso ERE» tras Guerrero, y su ex chófer, Juan Francisco Trujillo. Antonio Fernández abandonó la cárcel de Morón de la Frontera el 11 de agosto de 2012 tras abonar la fianza de 450.000 euros impuesta por la Audiencia de Sevilla.

Mientras el ex consejero declara, no muy lejos saldrá de penitencia el Cautivo y el Cristo del Desamparo. Mañana es España la que se enfrenta a la Argentina de Messi en un amistoso mientras Fernández disputa el «derbi» de su vida ante los fiscales Egocheaga y Guerra, con el «arbitraje» del magistrado Calle Peña. El «clásico» de la noche de su ingreso en prisión el Real Madrid, con gol final de Cristiano, venció 1-2.