El despilfarro en el Consorcio de Bomberos de Málaga, a la Fiscalía

El portavoz del Partido Popular en la Diputación de Málaga, Francisco Salado, anunció ayer que el equipo de gobierno trasladará a la Fiscalía la auditoría realizada en el Consorcio Provincial de Bomberos, organismo dependiente del ente supramunicipal, que revela gastos «irregulares» durante los años 2008, 2009, 2010 y hasta el 23 de junio de 2011, en que la institución estuvo gobernada por la coalición PSOE-IU.

El examen realizado sobre la gestión financiera del ente señala que se adquirieron durante el citado período trajes, corbatas, estilográficas y palos de golf, compras de las que no en todos los casos aparecen facturas. Sí, de ocho trajes que fueron adquiridos por 2.181 euros en septiembre de 2009, o los 7.864,80 con los que se sufragó la compra de seiscientas corbatas, además de otras cuantías inferiores por un juego de palos de golf, o una estilográfica Montblanc.

Salado lamentó que los gobernantes que precedieron al Partido Popular utilizaran el Consorcio Provincial de Bomberos «como si fuera la cueva de Alí Babá» e insistió en que «desde allí, se dedicaron a despilfarrar, a través de una gestión opaca, el dinero de los malagueños».

El portavoz popular defendió la necesidad de que se depuren responsabilidades políticas, por lo que pidió al PSOE provincial que explique esa gestión del anterior presidente del Consorcio, Cristóbal Guerrero –actual portavoz socialista del Ayuntamiento de Benahavís–, y del ex gerente José Luis Cámara, que ocupa un puesto orgánico en la Agrupación Centro del PSOE de la capital.

El portavoz del PSOE en la Diputación Provincial, Francisco Conejo, recordó que fue su formación política quien planteó «desde el primer minuto de legislatura» la posibilidad de llevar ante la Fiscalía «cualquier anomalía» detectada en el organismo. «No tenemos información sobre la auditoría en cuestión para poder hacer una valoración de los hechos». Así se refirió al informe aportado por el Partido Popular.

No obstante, quiso dejar claro que el Partido Socialista aplicará «su código ético como siempre se ha hecho» en caso de que se descubra algún tipo de ilegalidad.

Por su parte, la portavoz de Izquierda Unida, Antonia Morillas, apoyó la intención de trasladar los hechos al Ministerio Público para que éste «dirima las responsabilidades que puedan desprenderse» de la gestión del mandato anterior.

No es el primer escándalo que salta en organismos dependientes de la Diputación de Málaga. La ex gerente del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, Ana Gómez, cargó a las tarjetas «Visa Oro» que tenía a su disposición gastos de todo tipo. Comidas, compra en supermercado... hasta una sesión de peluquería que costó 290 euros. Sólo en un mes, los desembolsos superaron los 6.000 euros. El PP también denunció a finales de noviembre que el PSOE dejó un «agujero contable» de 29 millones de euros en la empresa pública de aguas Acosol. Así lo reveló una auditoría interna.