El dictamen de la comisión de formación se aplaza seis días tras cuatro meses de espera

Los grupos pactan un nuevo calendario con el voto en contra del PP que acusa a C’s de «acompasar» los tiempos a la carrera de Díaz hacia Ferraz

Ajuste de calendario. El presidente de la comisión parlamentaria que intenta discernir si ha habido responsabilidades políticas por el presunto fraude en los cursos de formación subvencionados por el Gobierno andaluz, Julio Díaz (Ciudadanos), tenía hasta ayer para elaborar su propuesta de dictamen, que ha de ser una síntesis de las conclusiones que presentaron a finales del pasado septiembre los distintos partidos que integran el órgano –PSOE, PP-A, Podemos, Ciudadanos (C’s) e IULV-CA–. Apuró el tiempo y además se lo estiraron seis días. Tras cuatro meses de tarea, en los que aseguró haber trabajado sin presiones, Díaz avanzó que en su documento se apuntaba, con nombres y apellidos, a quienes deberían asumir esa carga, aunque no quiso adelantarlos. Sí lo hicieron los grupos de PP-A, Podemos e IU en sus conclusiones, al plasmar por escrito su convencimiento de que la responsabilidad política debía alcanzar a la actual presidenta de la Junta, Susana Díaz, y a sus antecesores en el cargo, los también socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En cualquier caso, para saber los que constan en el texto del presidente de la comisión habrá que esperar.

Los grupos acordaron, con el único voto en contra del PP, modificar el calendario previsto para, de un lado, ajustarlo al relativo a la Cámara en general aprobado para las próximas semanas del presente periodo de sesiones y, de otro, poder incorporar al dictamen los presuntos casos de «falsos testimonios» que PSOE y PP atribuyen a varios comparecientes, que fueron remitidos a la Mesa del Parlamento y devueltos por ésta al considerarlos extemporáneos, según fuentes de la comisión. Para que estos partidos se ratifiquen y poder sumarlas, se ha concedido hasta las 14:00 horas del próximo viernes. El PSOE apunta al que fuera testigo protegido de la jueza Mercedes Alaya, el funcionario Teodoro Montes, quien llegó a aseverar que la formación se convirtió en el «negocio del siglo» para la Junta; así como al empresario José María Pérez, que admitió haber cobrado un tanto por ciento de las subvenciones. El PP, por su parte, señala al ex consejero Ángel Ojeda, quien se negó a contestar a las preguntas de esa formación, y a su cuñada, la ex alto cargo Teresa Florido.

Los escritos de las propuestas de esos presuntos falsos testimonios deberán contar al menos con una descripción detallada de los hechos, la base legal, de derecho, aplicable al caso; motivación suficiente y los documentos que se estime oportuno adherir, de acuerdo a lo detallado desde el Parlamento. Para poder incorporarlas al proyecto de dictamen, éste se presentará finalmente el 6 de febrero a las 19:00 horas, lo que provocará que se altera el resto de la agenda. Así, los grupos parlamentarios tendrán ahora hasta el día 27 de febrero para aportar sus enmiendas al documento y la comisión volverá a reunirse para votar el dictamen el 6 de marzo. Luego, éste se elevará a la Mesa del Parlamento en su reunión del 22 de aquel mes, si no hay nuevas alteraciones en el «planning» pactado, y será ésta la que decida si el debate de dicho dictamen se incluye en el orden del día de la sesión plenaria genérica del 29 y 30 ya de marzo.

Para los discrepantes, los populares, el retraso no está justificado. De hecho, el diputado andaluz del PP-A y miembro de la comisión, Miguel Ángel Torrico, acusó a C’s de «actuar como muleta del PSOE» con un objetivo: el de «acompasar el calendario de la comisión de investigación a las ambiciones personales y políticas de Susana Díaz en su carrera hacia Ferraz», según recogieron las agencias. Recordó además que ellos ya argumentaron en sus conclusiones lo relativo a Ojeda y a Florido.