El edificio-puente de los juzgados de Sevilla está en el aire pese a que se acaba el contrato de alquiler

El tiempo sigue corriendo y la solución aún no se conoce. Faltan un par de meses para el final del contrato de alquiler con la Inmobiliaria Osuna del edificio-puente de los juzgados de Sevilla, el que ocupa las salas de lo Penal, lo Social y lo Mercantil, y la Junta de Andalucía no presenta novedad en cuanto a la renovación, según informaron fuentes de la Consejería de Justicia e Interior. Con el año expirando, aún no hay nada decidido. Y la Ciudad de la Justicia ni está ni se la espera.

Tampoco se conocen «qué alternativas se van a plantear en caso de que no se prorrogara» el alquiler del edificio Noga, que expiraría –su adjudicación fue en febrero de 2009– en el primer trimestre de 2013, según las mismas fuentes. Lo único seguro para la Administración andaluza –según la propia Consejería– es que «en caso de que se renovara, el contrato sería a la baja y por una cuantía inferior al precio de arrendamiento actual», aunque no se sabe precisar «cuánto exactamente». Según Justicia e Interior, la cuantía, en cualquier caso, «estaría en consonancia con los niveles que marca actualmente el mercado de alquiler».

Cuando se inauguró el edificio-puente en abril de 2009, se pagaban al año 177.551 euros por la parte de inmueble arrendada (9.317 metros cuadrados), esto es, 17 euros el metro. Por los 2.992 metros bajo rasante (sótanos), la Junta paga 6,40 euros por metro. En total, el coste alcanza los 2,1 millones al año para lo que se anunció como «una solución provisional» para la falta de espacio en los juzgados de Sevilla y ante los constantes incumplimientos de plazos para la Ciudad de la Justicia. El alquiler se firmó para un periodo de cuatro años.

En caso de que la Junta optara por otro inmueble, éste debería contar, como mínimo, con las características ofertadas en su día en concurso público: una superficie de entre 8.000 y 10.000 metros cuadrados sobre rasante y un mínimo de 1.500 bajo rasante. La horquilla de precios que se barajó en 2009 oscilaba entre 7,3 y casi 10 millones de euros, más el IPC anual. El anuncio señalaba que el edificio deber estar situado lo más cerca posible de las sedes del Prado y Viapol, contar con «buena comunicación» y con «servicio cercano de transporte público». Se valoraron especialmente «las condiciones de iluminación y ventilación naturales». Justicia ya logró una reducción del precio del alquiler ayudado por la caída del mercado inmobiliario. La consejera María José López iba a arrendarlo en 2007 por 8,2 millones, para tres años. Naranjo consignó 8,5 millones, por cuatro ejercicios.

Con la crisis y la escasez presupuestaria, la Consejería ya ha reducido en 1.780.342 euros su gasto en alquileres de sedes judiciales en los dos últimos ejercicios «gracias a la inauguración de algunas infraestructuras y a la revisión de los precios de contratos en vigor, lo que va a permitir que el próximo año la disminución del gasto sea superior». Actualmente, la Administración andaluza tiene 83 sedes judiciales alquiladas que suponen un coste de 18,4 millones anuales para 115.408 metros cuadrados. A principios de 2010 había más de 100 sedes en arrendamiento con un coste de 20,2 millones anuales. La reducción de alquileres ha supuesto el ahorro de 1,7 millones, por, entre otras cuestiones, la inauguración de la Ciudad de la Justicia de Almería, la nueva sede judicial de El Ejido y la revisión de precios un 3,5%.

La Consejería trabaja en la liquidación de diferentes contratos, «con el objetivo de cumplir con la política de reducción del gasto y del control del déficit» establecida por el Gobierno andaluz en la Actualización del Plan Económico-Financiero de Reequilibrio 2012-2014. Según este plan de la Junta, «en una primera revisión se ha estimado por la Intervención General de la Administración del Estado que siempre que el precio de venta y la renta de alquiler a pagar sean estrictamente de mercado, el contrato permitiría inicialmente configurar la operación como arrendamiento operativo según las normas de contabilidad nacional».

Una reforma de calado para el Prado

Los afectados por la incertidumbre de conocer dónde desarrollarán su función, jueces y abogados, se muestran recelosos ante la falta de previsión, sin esconder el poco agrado que este inmueble siempre ha despertado. Tanto jueces como abogados aceptaron el edificio-puente como mal menor ante el colapso de los juzgados, señalando siempre sus carencias. Los profesionales de la Justicia defienden una solución «más duradera» que, ante la falta de fondos, no será la ansiada Ciudad de la Justicia, pero plantean una reforma de calado en las instalaciones del Prado, aprovechando solares próximos y ampliando.