El Ejecutivo de Díaz deja un agujero de 729 millones en ingresos fallidos

Jiménez Barrios traslada a Marín y Bendodo que 2018 se cerrará con un déficit del 0,4 % y una ejecución presupuestaria de en torno al 93,7%

Quería dar ejemplo «democrático» y el ex vicepresidente de la Junta saliente, el socialista Manuel Jiménez Barrios, llegó al traspaso de poderes bromeando sobre que habían hecho falta dos para echarlo y con un último aporte. Entregó a los dos consejeros del nuevo Ejecutivo que asumirán competencias que él tenía, Juan Marín (Cs) y Elías Bendodo (PP), una documentación entre la que constaba un texto rotulado como «Avance de la Cuenta general de 2018, que se rinde este mes de enero sobre el año vencido». De acuerdo a lo reflejado en él, a fecha del pasado 16 de enero, y a la espera de conocer los ajustes provenientes de la Administración General del Estado, Andalucía «hará efectivos el objetivo de déficit –0,4 por ciento–, el «de deuda –22 por ciento–», así como «el periodo medio de pago a proveedores, que se encuentra por debajo de la media establecida –20,81 en noviembre–».

En el documento, al que tuvo acceso LA RAZON, se añade que, desde el punto de vista del gasto presupuestario no financiero, y con datos todavía no definitivos, «el nivel de ejecución se situará en torno al 93,7 por ciento, alcanzando el 100 por 100 en el caso de las operaciones corrientes» y «el 54,3 por ciento» en el de «las operaciones de capital».

En el párrafo siguiente se condensa lo relativo al apartado de los ingresos en el que se observa un descuadre. Según lo facilitado por Jiménez Barrios a Marín y Bendodo, «la estimación» de éstos «en octubre de 2017» se fijó «en 25.717 millones de euros», mientras que el cálculo provisional es que «este capítulo se cierre en 24.988,7», lo que supone alrededor de 729 millones de euros menos –un 2,8 por ciento– «respecto a la previsión inicial».

Desde el Ejecutivo socialista que lideraba Susana Díaz se justifica esa desviación agarrándose al «comportamiento de la financiación proveniente de los Fondos Europeos y las transferencias finalistas de la Administración General del Estado».

En materia de tributos y en concreto de los gestionados por la comunidad, la recaudación por esa vía «mejorará en 77 millones en relación con la estimación» originaria –el 5,3 por ciento más–, debido, sobre todo, a «la reactivación del mercado inmobiliario y su efecto en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados». El impacto de otro tributo que se reformó la legislatura pasada a instancias de Ciudadanos (Cs), el de Sucesiones y Donaciones que el Gobierno recién estrenado pretende ahora hacerlo prácticamente desaparecer, «será finalmente de 100 millones de euros», a tenor de los cálculos del equipo de Díaz. Éste defiende que deja tras de sí unas «cuentas solventes, marcadas por el cumplimiento de las reglas fiscales tales como el objetivo de déficit, de deuda y el periodo de pago medio a proveedores».

Más allá del cierre del Presupuesto de este ejercicio, el ya ex vicepresidente trasladó a quienes llegan, entre otras cosas, la hilera de las 66 entidades pertenecientes al sector público andaluz, con sus correspondientes consejerías de adscripción y el número de trabajadores de cada uno de ellos, y una nota sobre la cuenta general de la comunidad de 2017 rendida a la Cámara de Cuentas autonómica.