El empresario que dio dinero al PSOE facturó 6 millones a la Junta desde 2008

La empresa Fitonovo SL facturó más de cuatro millones de euros sólo en concepto de conservación de carreteras a la Junta de Andalucía entre 2008 y 2012. En concreto, los cuatro contratos con los que se hizo el empresario que aseguró ante la juez Mercedes Alaya haber entregado un sobre con 30.000 euros «para el PSOE» corresponden al control de maleza y poda de carreteras en las ocho provincias. La responsable de su tramitación fue la Dirección General de Carreteras, adscrita a la entonces Consejería de Obras Públicas –actualmente de Fomento, Vivienda, Turismo y Deporte– . El grueso de la contratación se produjo en 2008, cuando Fitonovo ganó tres concursos públicos, por un montante total de casi tres millones de euros.

Los dos primeros expedientes supusieron el control de la maleza en vías de Málaga, Granada, Jaén y Almería durante un plazo de 30 meses; en las dos primeras provincias, con un coste de 983.000 euros y 999.9000 en las otras dos. El tercer contrato aludía a la poda de vegetación en medianas de la red de alta capacidad de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla y la oferta ganadora fue de 1.013.000 euros. Todo ello figura en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del 16 de enero de 2009, donde se detalla que se otorgaron en diciembre del año anterior, así como que la duración de los contratos era de 30 meses.

Relación prolífica

Pero la relación de la empresa investigada en el marco de la «Operación Madeja» –pieza separada del «caso Mercasevilla»– con la Consejería de Obras Públicas, ha continuado siendo prolífica. De hecho, en abril de 2012 volvió a ganar uno de los concursos de conservación, el de la poda en medianas de la red de alta capacidad de Andalucía Occidental. Según consta en una Resolución firmada por el director general de Carreteras en julio de 2011, se otorgó a Fitonovo al presentar la oferta «más ventajosa para la Administración». Este cuarto contrato le supuso ingresos de casi 1,1 millones.

De nuevo el año pasado, la misma consejería volvió a contratar con la empresa investigada judicialmente por su relación laboral con el Ayuntamiento de Sevilla y la presunta entrega de un sobre con dinero a un ex alto cargo socialista. En esta ocasión, la sociedad del imputado Rafael González Palomo formó una unión temporal de empresas (UTE) con Probisa Vías y Obras y entre ambas se hicieron con un contrato de 1,85 millones para «diversas operaciones de conservación en las carreteras de la zona este de la provincia de Málaga», en la zona de la Axarquía, durante dos años. La Delegación Provincial de Obras Públicas de Cádiz, también figura entre los clientes de la empresa fitosanitaria. En mayo de 2009, la Junta encargó a Fitonovo el control y tratamiento de malezas en espacios protegidos de la sierra gaditana por 240.000 euros.

La titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla sólo ha solicitado una relación de los contratos firmados entre el Ayuntamiento sevillano y las dos compañías de González Palomo –Fitonovo y Fiverde– para averiguar si existió correlación entre el pago de esos 30.000 euros y las cuantiosas adjudicaciones que ha venido recibiendo desde que se produjera, «en 2005 ó 2006», según su testimonio.

El pasado día 11, el empresario comparecía ante la juez Alaya para ratificar su declaración previa ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En ambos casos, mantuvo que el dinero que dio al ex alto cargo del PSOE encarcelado, Domingo Enrique Castaño, «no era a cambio de nada» porque «los contratos ya estaban dados». Unas comisiones y favores que se habrían cifrado en un principio en torno a los 300.000 euros, aunque la fianza de responsabilidad civil impuesta por la juez a Castaño, de 7,6 millones, hace pensar en un daño a las arcas públicas mucho mayor.

La «Operación Madeja» se deriva de las investigaciones en torno a las supuestas irregularidades en el concurso para enajenar los suelos del mercado central hispalense, Mercasevilla, adjudicados a la empresa Sanma –filial de la malagueña Sando– a pesar de existir ofertas superiores económicamente. En este marco, Alaya pidió que se investigara el enriquecimiento «sospechoso» de Castaño, hombre del ex alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín en el Ayuntamiento. La investigación baraja que el ex director de Vía Pública pudo recibir dádivas, como dos vehículos de alta gama por la concesión de contratos de mantenimientos a diferentes empresas, además de 300.000 euros en comisiones. Fitonovo ha sido en los últimos años uno de los principales contratistas del Consistorio hispalense. Según adelantó LA RAZÓN de Andalucía, sólo en el distrito Macarena –foco del ya juzgado caso de las facturas falsas– llegó a recibir 1,23 millones en contratos en dos años, cuyos pagos fueron posteriormente fraccionados.