El enésimo frente laboral en el SAE

La delegación de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) es un polvorín desde que la Junta comenzó a promover la reordenación del sector público que aprobó a principios de 2011 y que ha supuesto la difícil mezcla laboral entre funcionarios de carrera y personal que provenía de la extinta Fundación Fondo de Formación y Empleo (Faffe), donde numerosos trabajadores que entraron «a dedo» tenían una clara vinculación con el Partido Socialista. Un ejemplo: el ex parlamentario del PSOE Ramón Díaz Alcaraz, ahora imputado en el caso de los ERE fraudulentos, y un familiar directo suyo. Ante la posibilidad de incurrir en un delito por usurpación de potestades públicas, reservadas en exclusiva a funcionarios, y después de la sentencia del TSJA que tumbaba de forma firme la integración, el SAE se blindó dictando una instrucción en la que consideraba a los ex trabajadores de Faffe personal «subrogado». Además, acotaba teóricamente sus tareas para que no pudieran encargarse de labores tan sensibles como la tramitación de subvenciones.

Este problema no se ha resuelto. De hecho, la Inspección General de Servicios ni siquiera ha dado cuenta del estudio que puso en carga en julio de 2011 para determinar si las potestades públicas estaban siendo ejercidas por funcionarios. A este malestar se suman otros. La Junta tiene la intención de trasladar a 18 trabajadores del departamento de Formación Profesional Ocupacional (FPO) del SAE del edificio actual en República Argentina a la antigua sede de Faffe en la avenida Diego Martínez Barrio. Los trabajadores están en contra. Han enviado un escrito al consejero explicándole su malestar y uno de ellos ha denunciado ante la Inspección de Trabajo el intento de acometer reformas estando ellos dentro. Alertan de que en el edificio al que los trasladan no hay internet ni tienen los mínimos recursos técnicos para llevar a cabo su labor. «No se puede atropellar a la gente. Espero que nos notifiquen el traslado. Pero no me voy salvo con la Guardia Civil por delante y la Inspección por detrás», asegura a este periódico uno de los afectados.

Se da la circunstancia de que el jefe del departamento de Formación Profesional Ocupacional es Teodoro Montes. Tras una denuncia de este funcionario, que había alertado de irregularidades en la tramitación de cursos, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condenó a Empleo por dispensarle un trato «vejatorio» y «humillante», apartándolo de su puesto de trabajo por un periodo de dos años.

La Junta esgrime que el traslado se debe a una cuestión de «ahorro y espacio», enmarcada dentro de una reorganización general al sumar Economía e Innovación las competencias de Empleo. El contrato de arrendamiento de la delegación de Economía, en el edificio Gea 21, cumple próximamente. La opción elegida es reubicar al personal y ahorrar el coste de 60.000 euros mensuales de alquiler que cuesta el edificio de Economía. Fuentes de la Consejería de Empleo añaden que nada tiene que ver el traslado con la cesión de competencias en formación de Empleo a Educación. Señalan, asimismo, que el nuevo edificio estará dotado de «todas las herramientas» necesarias para que el SAE pueda seguir desempeñando la misma labor que está haciendo en este momento.

Los cursos de formación que ahora mismo se imparten en el SAE se encuentran en una encrucijada. Una parte de las competencias se trasladarán de Empleo a Educación a partir del 1 de enero, según se recoge en el decreto de estructura de esta Consejería. Se une la falta de fondos tanto a nivel andaluz como provenientes de la UE. Sólo en la provincia de Sevilla, según fuentes del SAE, hay casi 1.200 cursos actualmente en la cuerda floja.