El escapismo como modus vivendi

Al denominado funcionario fantasma de Cádiz le queda más una cuaresma en el desierto, en su particular desierto de ausencias, máscaras, espectros y chanzas. Es sábado de Carnaval y desde Cortadura hasta Puerta Tierra, desde La Laguna hasta la plaza de Puntales, no se habla de otra cosa en Cádiz que del caso de Joaquín García, el funcionario sancionado con un año de salario por haberse ausentado del puesto de trabajo durante seis. Aunque parece un cuplé de chirigota, a lo sumo un pasodoble con guasa, se trata de la sentencia del Contencioso-Administrativo número 1. Ahora Joaquín, jubilado de 69 años, abrumado por el alcance de la noticia, prefiere desaparecer, algo que no parece dársele mal.

El funcionario jubilado guarda silencio. Se siente perseguido. Es lo que asegura su abogado, Manuel Martos, quien actúa de portavoz del sentenciado dado el cariz tomado por los acontecimientos. Los hechos han dado la vuelta al mundo. La prensa internacional lo celebra con fruición, dando pábulo a los estertores de Don Carnal cuando Doña Cuaresma no ha hecho más que arrancar. "Todos los prejuicios que existen en el mundo sobre el empleado público, todas las visiones negativas del funcionario español, de Cádiz, han sido personificados con los nombres, apellidos y fotos de mi defendido; imagine cómo se encuentra", explica Martos, quien considera que son los errores formales de Joaquín García y de su anterior asesoramiento jurídico los que han llevado la burla hasta este punto.

Se ha perdido tiempo y, sobre todo, ha prevalecido una verdad que el sentenciado no reconoce. En el sindicato, según el relato de su actual defensa -en el caso desde 2013-, le recomendaron jubilarse, confiando en que el expediente del Ayuntamiento no llegase a término. La estrategia era la de la contemplación, que no es mala opción si lo que se pretende es una crítica racionalista de la ortodoxia administrativa, como hubiera obrado Spinoza. Aquella contemplación y lecturas del filósofo holandés hicieron del fantasma un hombre sin cadenas. Al fin. Es el clásico padecimiento de un tipo de empleado público: rencillas con el gobierno consistorial del PP, litigios anteriores por la no concesión de unas vacaciones: lo usual, vaya. El ser cuñado de un gerifalte socialista en la comarca, Fermín del Moral, significó más uranio para la detonación atómica. Lo que no admite el ex funcionario, eso sí, es no haber acudido a su puesto de trabajo, tal como refleja el expediente sancionador.

Así lo certifica además la sentencia judicial del 20 de enero. Pero la historia se remonta a fechas anteriores, a 1990, cuando Joaquín García, incrustado en la familia socialista de la alcaldía gaditana de entonces, entra a trabajar en el Ayuntamiento, donde es nombrado director técnico de Medio Ambiente. Allí permanece hasta 1996, fecha en la que el Gobierno de la ciudad acaba de cambiar de signo con la primera de las cinco mayorías absolutas de Teófila Martínez.

La empresa pública Aguas de Cádiz, de titularidad municipal, era su nuevo destino, donde se debía de ocupar de la gestión de las aguas fecales y de la supervisión de las obras de La Martona. Desde entonces, Joaquín García permaneció en el limbo. Mientras el Consistorio conjeturaba que el hombre debía encontrarse en la sede de la empresa pública, en la empresa pública adivinaban igual, pero al revés. Un clásico de la organización, o lo que sea, de la Administración patria.

En una especie de nirvana spinoziano, de lo que no era consciente el funcionario es que sería condecorado por el Ayuntamiento por las dos décadas de servicio municipal. Pero el hombre ya no estaba. O, mejor quizá, no estuvo. Y hay quienes sostienen que no fueron seis años sino más del doble. La pregunta para el abogado del funcionario fantasma, sin embargo, no es que por qué no estaba. Martos revierte el punto de vista y señala a la Administración por dejación de funciones. "Desde 2013, hay en curso una solicitud de responsabilidad dirigido al Ayuntamiento, que ha de controlar a sus trabajadores", señala el letrado, quien considera anómalo que el instructor del expediente sancionador originario fuera el otrora jefe de personal del Ayuntamiento.

El acusado pide además ahora su exoneración al alcalde de Podemos, José María González 'Kichi', que no ha desaprovechado la ocasión para mantear a los rectores de la casta de entonces, un asunto que se adentra en el género del 'poltergeist'. Porque al ayuntamiento del PP se le puede afear en este caso su desidia, su escaso control o su alegría a la hora de abonar un salario a un trabajador cuya productividad era cero, en concordancia a las horas que echaba en su puesto de trabajo. ¡Pero acusarlo de maltratar a Joaquín! ¿Por ingresarle religiosamente la nómina todos los meses sin pedirle la más mínima rendición de cuentas? Rara modalidad de ensañamiento, vive Dios, la de esta derecha sin entrañas.

Entretanto aguarda a que la Administración resuelva el escrito que podría obligar a revisar la actual sanción de casi 27.000 euros, el abogado arremete contra el estado de las cosas. "Se pretende cargar sobre los hombros de un empleado público el descontrol existente en la Administración. Se hace urgente el replanteamiento de la gestión de los recursos humanos", manifiesta un Martos que habla por su representado, Joaquín García, el funcionario fantasma, con pensamiento de emprender un viaje, por puro escapismo. "Lo está pasando fatal", asegura. Es el momento de dejar a Spinoza y ponerse con el Marca, que es lo que dicta el tópico.