El «escrache» a Alaya tiene un precio: 300 euros

Ocho sindicalistas de CCOO y UGT han sido multados por la protesta que provocó la asignación de escolta policial a la juez.

El «escrache» que la instructora del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, entre otras causas, Mercedes Alaya, sufrió en octubre de 2013 ya tiene una nueva consecuencia. La imagen de un grupo de sindicalistas de CC OO y UGT concentrados a las puertas de los juzgados de Sevilla, ante la declaración judicial de dos de sus dirigentes imputados, acaparó titulares y minutos radiofónicos y televisivos de todas las parrillas. Increparon a la juez, a la que dirigieron calificativos como «fea» u «hortera», entre gritos de «libertad» y otras proclamas.

Ahora, escanciado el silencio, fuentes sindicales aseguran a LA RAZÓN que, de momento, ocho de las personas que estuvieron implicadas en aquella escena, «cinco pertenecientes a CC OO y tres a UGT», han recibido una notificación. ¿Sobre qué? «Una multa de 300 euros», desvelan. O sea, tendrán que desembolsar en conjunto 2.400 euros por el mencionado «escrache».

Aunque, según apuntan fuentes próximas a algunos de los afectados, «están todas recurridas». Dentro del plazo establecido, «se han elevado las alegaciones pertinentes» contra esas sanciones administrativas, presentadas en las instalaciones de la Subdelegación del Gobierno de Sevilla. Si este órgano «no las estima», se dará un paso más y habrá recurso «por la vía judicial», matizan.

Lo tienen claro: «En este asunto vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque los compañeros estuvieron en el juzgado para apoyar a quienes estaban dentro declarando, pero no se insultó de forma grave en ningún momento a la juez ni se cuestionó la labor de la Justicia», sostienen. Aseguran que el sindicato «respeta las decisiones judiciales», si bien, puntualizan que en este caso no comparten una sanción que creen poco justificada.

Cabe recordar que la jornada «caliente» tuvo otra derivada: aquella sucesión de hechos provocó que la magistrada acuda ahora a los juzgados sevillanos con escolta pública policial. Ésta fue solicitada por el juez decano, Francisco Guerrero, quien, según detalló él mismo, pidió verbalmente al Cuerpo Nacional de Policía la protección adecuada para Alaya.

El «escrache» provocó además una cascada de reacciones procedentes del mundo de la judicatura y de la política. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, por ejemplo, sostuvo que corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «asegurar que los derechos constitucionales de manifestación y reunión se cumplen en sus justos términos». Tras manifestar su «respeto» por una institución «tan importante» como es un sindicato, rechazó «terminantemente» la fórmula de protesta que eligieron entonces los sindicalistas. Por su parte, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, mostró su apoyo «más absoluto» a la instructora. «Que se presione a un juez con unas manifestaciones ante las puertas del juzgado, increpándola e insultándola, es una de las escenas más tristes que últimamente he visto en nuestra sociedad», lamentó. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) también respaldó a la magistrada. En un comunicado calificó los gritos de los sindicalistas contra Alaya de «actitudes cercanas al acoso a una autoridad judicial» y se refirió a «las injustificables descalificaciones personales dirigidas contra la misma» para mantener que revelan «una falta de aceptación de las reglas básicas de un Estado de Derecho». En ese sentido, el Alto Tribunal andaluz recordó que los acusados cuentan con cauces «suficientes y adecuados» para garantizar su defensa o expresar «discrepancias».

En la misma línea, las asociaciones de magistrados Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria tildaron de «inadmisible» lo ocurrido, al igual que la vicepresidenta del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría. También desde el opuesto de otras siglas ideológicas, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, lanzó: «Nunca compartiré que jaleen a un juez, ni tampoco que le hagan un 'escrache'».

Por el contrario, el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Diego Valderas (IULV-CA), proclamó que «todos los poderes», incluido el judicial, «deben entender que en democracia están sometidos a la crítica». Aunque rechazó la difamación contra la juez, justificó los reproches y recalcó que en el contexto actual, «la sociedad hace llamadas de atención a todos los poderes».