El ex alto cargo de la Junta no ve razones para no enjuiciar a Chaves y a Griñán en los ERE

No se apartará al entender que el haber pertenecido a la estructura del Gobierno andaluz no lo inhabilita para hacerlo

Sólo admite haber tenido un «contacto previo» con el consejero de Justicia en su última etapa que es el actual, Emilio de Llera

Sabe que hay muchos ojos puestos en él y que la honestidad debería ser el grado cero de cualquier práctica judicial. Incluso desde ese punto de partida, el magistrado Pedro Izquierdo considera que puede «ejercer de forma responsable» sus «obligaciones profesionales como presidente de Sala y ponente» del juicio centrado en la rama política del «caso ERE» que sentará en el banquillo a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a otros ex altos cargos de la Junta. Y ello, pese a haber sido secretario general de la Consejería de Justicia entre 2008 y 2014.

En un informe que elevó ayer al presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, Izquierdo desgrana los entresijos de lo sucedido desde que dos sorteos sucesivos lo colocaran en la posición de ponente y de los puestos que ocupó en la Administración autonómica, para defender que aunque formalmente tuviera en ella rango de viceconsejero, «nunca» intervino en «ámbitos competenciales de consulta o decisión ajenos» a lo concerniente a la Administración de Justicia.

El presidente de la Sección Primera del tribunal provincial rechaza los motivos en los que el sindicato Manos Limpias y el PP, ambos personados en la causa, basaron los incidentes de recusación que han presentado para intentar apartarlo. En relación a los expuestos por el primero, entre los que se encontraba la posible amistad con algunos de los encausados, sostiene el juez que «ni conocía ni tenía relación de ningún tipo con los encausados» cuando fue designado secretario general. «Es más, salvo la referencia de mi currículum profesional y una entrevista previa inmediatamente anterior a mi nombramiento –matiza en su texto consultado por LA RAZÓN–, ni tan siquiera tenía relación de ningún tipo con la persona responsable de la Consejería de Justicia y Administración Pública que elevó la preceptiva propuesta –Evangelina Naranjo–». Se agarra a su trayectoria profesional para justificar su elección y afirma que cultivó sus relaciones «más entrañables» con los funcionarios y el personal de la Secretaría General para la Justicia con los que trabajó en un «contexto presupuestario general complicado». Con todo, admite haber mantenido un «contacto previo» por el ejercicio de su «función jurisdiccional» con quien era consejero de Justicia e Interior en su última época en la Junta, que es el actual, Emilio de Llera. No obstante, insiste en que no le une «ninguna relación con las partes personadas que pueda llegar a calificarse como íntima», por lo que no ve motivos para abstenerse por eso. Como tampoco por la «interpretación forzada» que atribuye al PP vinculada a que fue subordinado de varios de los investigados. Punto en el que pone el acento en que incluso «la otra entidad recusante», el sindicato, la califica de «subordinación invertida» citando pronunciamientos judiciales en los que se ha contemplado, ajenos a esta pieza de los ERE.

«Mención especial –señala el juez– merece su alegación a una supuesta afinidad ideológica con los encausados». ¿Por qué? Asevera que, «teniendo desde luego convicciones de todo tipo» como cualquier magistrado, entiende que su decisión de aportar fuera de la jurisdicción su experiencia para intentar mejorar el servicio público de justicia, no lo inhabilita para «el posterior desempeño» de su labor a día de hoy.

Y hay una tercera causa de recusación argüida tanto por los representantes procesales de Manos Limpias como por los de los populares, la de tener interés directo o indirecto en el pleito, que tampoco lo convence para echarse a un lado. Lo que sí reconoce Izquierdo es que se ha «perturbado» el «sosiego y tranquilidad con la que como ponente debería haber comenzado a abordar el estudio de las actuaciones para su posterior enjuiciamiento con la Sala», así como que el cuestionamiento de su inclusión en el tribunal que tendrá que juzgar a Chaves y a Griñán ha afectado a éste «al proyectarse de forma persistente una sospecha generalizada sobre si concurrirían las garantías necesarias para afrontar la celebración del juicio». El magistrado achaca esas circunstancias a «una corriente de opinión que se ha ido consolidando», pero por la que no se siente espoleado.

«Es cierto –se explica– que mi continuidad en el tribunal conociendo del procedimiento va a suponer el tener que afrontar por mi parte un reto de abstracción de todo lo sucedido que, aunque vencible, pudiera pensarse que de no lograrlo podría implicar un riesgo de que el enjuiciamiento de las conductas investigadas no se llevara a efecto de forma adecuada», no sólo respecto a los recusantes sino también a los propios encausados. Como lo es, suma, que lo que ha sucedido en torno a su elección «ha implicado ya», insiste «una perturbación en la actividad ordinaria del tribunal y puede que del interés superior de la Justicia, en cuanto debe impartirse en un contexto de plenas garantías, entre las que también es importante la plena confianza, aun subjetiva, de que estas concurran, lo que de forma legítima ha sido cuestionado por los recusantes». Pero aún así, no se da un paso atrás al no ver razones legales para hacerlo y opta por que sea la Audiencia quien decida. Para ello, Álvarez tendrá que designar a un magistrado quien, tras instruir la causa, enviará el expediente a la Sala que resolverá la recusación.