El ex consejero andaluz Ojeda acumula 39 sentencias a favor y culpa a Villarejo de su detención

Su entramado empresarial ha ingresado ya «más de 3 millones» tras pleitear en los tribunales

Niega tener vínculos con la Faffe y achaca la citación de la comisión parlamentaria al «share» en los medios

«Me van a llamar porque tengo share en los medios, imagino, porque no tengo ninguna relación con la Faffe y no tengo ni idea de lo que pasaba en el Angelo famoso –el club de alterne Don Angelo, asolado ya por una excavadora–». De esta forma reacciona el ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda al saber que la comisión parlamentaria que investiga lo sucedido en la ex Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo lo convocará para que comparezca. Admite que conoce al ex director general de la extinta entidad Fernando Villén, al que el uso de tarjetas bancarias de aquélla lo ha incrustado en el aire ahumado del puticlub, pero deja claro que «no son amigos». «Si me llaman –aún no ha recibido la citación– iré para que me expliquen por qué lo han hecho», asegura a LA RAZÓN en una luminosa estancia de su vivienda sevillana, la misma que habita «desde hace 60 años».

Ojeda sumará así un fotograma a la película que reproduce en la cabeza y que arranca con su detención en agosto de 2014 en la residencia estival que posee en Sanlúcar por su presunta implicación en el fraude de los cursos de formación. Pero hay antecedentes a esa imagen por lavar que, establecida distancia con lo narrado, el ex consejero relaciona con el comisario jubilado e investigado por presunta organización criminal y otros delitos en la Audiencia Nacional, José Manuel Villarejo, ahora en prisión.

Tras salir del Gobierno autonómico del que formó parte entre 1987 y 1990, Ojeda se convirtió en empresario de éxito gracias a un grupo de sociedades «dedicadas a la aeronáutica». Con éstas a pleno rendimiento, detectaron que existía un déficit de personal cualificado en ese ámbito y pusieron en marcha «hasta 60» centros de formación en España «con 3.000 trabajadores». Dice que funcionaron «sin ningún problema» hasta que se sacudió el avispero desde Madrid y llegó su arresto, siguiendo la estela del llamado «caso Aneri» en el que se destaparon irregularidades en cursos subvencionados por la comunidad madrileña.

«De hecho, se nombró a dedo al inspector jefe para el caso, quien creía que los cursos no se habían dado y nos atribuyó un beneficio de 3,6 millones en una subvención de 4, basándose en un modelo informativo de Hacienda. Pidieron el registro para buscarlos y no encontraron nada. Es más, un inspector me comentó que creía que esto –su casa– era más y le respondí que a ver dónde estaban las cuadras de caballos, los aviones, los barcos...», rememora. Con el tiempo acabó interponiendo una querella criminal contra el mando policial, quien «ha estado imputado dos años y ha sostenido que se equivocó. Pero ha sido condecorado con dos medallas por mi detención y la de otros 300 empresarios andaluces más en época electoral, pese a que hoy más del 90% de esas imputaciones ya están archivadas», critica.

Insiste en un relato: «En 2014, con el cambio de Gobierno en España, nos entró la Inspección de Trabajo, la de Hacienda, la de la Policía y la UCO de la Guardia Civil, todos a la vez y coordinados por el comisario Villarejo, según una documentación aportada por él al Ministerio de Interior para una medalla –en el texto que muestra fechado en 2015 se hace referencia al ‘acercamiento a los jefes de organizaciones en operaciones relacionadas con fraude a la Seguridad Social especialmente en Andalucía’–». En concreto sobre el inspector de trabajo, asevera que lo designó una ministra y «en 15 días hizo un informe específico» contra él, «apuntando a la existencia de sobrecostes». Defiende que «confundió el precio de alquiler de una nave en bruto al mes con el alquiler por servicio y uso de un aula homologada, amueblada y con los consumos de luz agua y gas incluidos. Y así todo», se revuelve en la silla.

Se ha sentido «perseguido», en mitad de una «campaña difamatoria» con «filtraciones a la prensa» y soportando que le «tiren cubos de basura», aunque su nombre no aparezca «en ningún papel de Panamá ni de Luxemburgo» ni tenga «ninguna inversión inmobiliaria ni mobiliaria desde hace 30 años». A su entramado empresarial se le asignaron más de 50 millones públicos y la jueza Mercedes Alaya lo acusó de usar sus influencias en la Junta para lograr 3,3 con los que formar a los ex trabajadores de Delphi, en una causa abierta. Le resultan afirmaciones incómodas. Replica. «Fui consejero en el 87, los cursos se dieron en 2009, 2010 y 2011, ¿qué influencia podía tener si no conocía a nadie en la Consejería de Empleo de las ayudas?», lanza. «Y se dice que recibí mucho dinero, pero es que se hicieron más de un millón de horas de docencia a los alumnos de Delphi», suma.

En los informes policiales se le culpa de «cazasubvenciones», de contratarse a sí mismo en un juego entre sus entes y de la supuesta alteración de facturas o del número de alumnos. Lo niega todo y apunta que emplearon «huelleros» para controlar la asistencia. Lo único que admite es que pidió casi un millón para construir una nave que acabó en los tribunales, pero anota que el dinero se devolvió cuando atisbaron la crisis económica.

«Esto no son los ERE, aquí no daban subvenciones a fondo perdido, sino para cursos que se hicieron con calidad certificada, bajo la supervisión de interventores, técnicos y asesores jurídicos de la Junta; y por debajo del coste hora/alumno, el indicador estándar», reitera con insistencia de pájaro carpintero. «El coste estaba por debajo de la subvención y ésta por debajo de lo que establecían el BOE y el BOJA», cose. Y vuelve a mostrar sin disimulo una idea: en las instrucciones se le ha inculpado con «mentiras». Se compara con Lopera y Mario Conde. «Te destrozan la vida y te conviertes en un cadáver social», se queja.

Aunque él no se ha quedado quieto. Ha emprendido una batalla judicial contra la Junta que incluye «una querella criminal por prevaricación» por no pagarle lo que le debe. Atesora ya «39 sentencias» favorables a su red empresarial. «Las asociaciones habrán cobrado más de 3 millones por los juicios ganados», casi susurra.

Se pregunta por qué otras comunidades sí han sabido gestionar la formación y Andalucía no. «Llevamos desde 2011 sin cursos. Ni este Gobierno ni los anteriores han sabido hacerlo. Han destrozado todo y lo han pagado los trabajadores sin formación y los empresarios criminalizados», sentencia. La vida es el «mientras» se cumplen plazos. Sobre Ojeda penden aún «un par de juicios», uno de ellos el de la causa impulsada por Alaya, pero se muestra convencido de que «se archivarán o se ganarán». «En absoluto pasa por mi cabeza acabar en la cárcel» cierra en la espera.