El ex consejero Vallejo fichó a un socio para Invercaria en un cóctel

La declaración ayer ante el juez del consejero delegado de Novasoft, Francisco Barrionuevo, da idea de la forma de operar de la sociedad de capital riesgo Invercaria, incursa en un proceso penal por repartir más de 60 millones de euros en proyectos empresariales a menudo fallidos y prescindiendo de los procedimientos admistrativos pertinentes. Novasoft fue socio-proveedor de Fiva (Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía), una plataforma tecnológica que pretendía aglutinar a las pequeñas y medianas empresas de la región. La iniciativa fracasó, pero antes la Junta inyectó más de un millón de euros a través de distintas vías: préstamos participativos o transferencias de capital.

Barrionuevo está imputado por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación y tráfico de influencias. En su declaración ante el juzgado de Instrucción 16 de Sevilla consultada por este periódico, aseguró que Novasoft entró en FIVA después de una «reunión entre empresarios» en Sevilla. Al término de ésta, «en el curso de un cóctel», el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, al que ya conocía el consejero delegado de Novasoft, «le habló del proyecto de una manera breve». Vallejo le dijo que el entonces presidente de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo, también imputado, lo llamaría. Se produjo la llamada, una reunión, en la que también participaron los otros socios de FIVA, Corporación Gráfica y Grupo Imagen, y quedó acordada la participación de Novasoft como socio capitalista en el proyecto fallido de la plataforma de las pymes andaluzas sufragado con los fondos de capital riesgo ahora investigados. Barrionuevo se reunió, asimismo, con el secretario general de Innovación, al que también conocía previamente.

Antes, Novasoft aportó un millón de euros a Corporación Tecnológica de Andalucía, una fundación privada promovida por la Consejería de Innovación. Preguntado por el hecho de que la Junta eligiera a Novasoft y no a Sadiel, aseguró que se llamó a su empresa «por probar» y porque Novasoft era «la única empresa tecnológica y completamente privada» que había aportado la citada cuantía para Corporación Tecnológica.

El imputado defendió que no era necesario convocar un concurso público ni seguir la Ley de Contratación Administrativa. El argumento es que «se llevó a cabo por empresas privadas y se trataba de una unión de empresas privadas». El detalle es que quien pagaba era la Junta con dinero público.

Achaca el representante de Novasot el fracaso de la iniciativa a la falta de visión de los otros socios y a que el producto era «tan innovador en su momento que se adelantó a la realidad técnica».

El resultado es que después de más del millón invertido por la Junta, los ingresos del portal fueron sólo algunos contratos concertados «a razón de 200 o 300 euros con pequeñas empresas». Dinero que fue devuelto a los clientes al no salir adelante el proyecto.