El ex consejero Vallejo, investigado por prevaricación y malversación

Otros encausados lo señalan como el que ordenó la «operación» Invercaria-Servivation.

Investigado. Así ha declarado Juan Gutiérrez Casillas, el juez que diseña el armazón del proceso centrado en la empresa de la Junta Inversión y Gestión de Capital de Riesgo de Andalucía SAU, el conocido como «caso Invercaria», al ex consejero andaluz de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo, dentro de la pieza separada que abrió por los fondos concedidos a Servivation SA. En calidad de tal lo ha citado el 30 de junio por su participación en unos hechos que podrían ser constitutivos «a priori» de los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Y no sólo a él, también a los socios fundadores de Servivation –constituida en julio de 2008 por Sadiel, el Centro de Tecnología de las Comunicaciones, Novasoft Corporación Empresarial e Isofoton– Luis Fernando Martínez, Francisco Barrionuevo e Ignacio de Colmenares.

En un auto fechado el 1 de junio al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el titular del juzgado de Instrucción número 16 recuerda que en octubre de 2008 Invercaria, ente público dependiente ahora de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, otorgó un préstamo participativo en favor de la mencionada sociedad por 1.180.000 euros y entró a formar parte de su accionariado en marzo de 2009, «suscribiendo el aumento de capital social de 6.000 euros» y sin que exista sobre ello «más que un documento de una sola página», sin «firma ni fecha». Entonces se designó al ex presidente del ente público Tomás Pérez Sauquillo consejero de la entidad y éste, según el relato del juzgado, ante el primer impago de los intereses del préstamo, ofreció a los promotores «novarlo», para no tener que hacer frente a ellos, en una «decisión arbitraria» y sin que «conste trámite interno alguno generador» de la misma, señala el magistrado.

El pasado 30 de mayo ya prestaron declaración, también como investigados, el propio Pérez Sauquillo, sus sustituta en el cargo en Invercaria y en Servivation, Laura Gómiz, «conocedora de la situación»; un responsable de la empresa, José María Macías; y el testigo Manuel Jesús Rodríguez. Todos coincidieron en que la empresa del Gobierno autonómico «no analizó la operación», en que ésta «no pasó por el Comité de inversiones» ni por ningún «departamento técnico» de análisis o promoción, sino que fue una opción «personal» de Pérez-Sauquillo. Éste, por su parte, se sacudió la responsabilidad al afirmar que «se hizo por imposición, orden o indicación» del, en aquel momento, titular de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, es decir, Vallejo.

A ello hay que añadir que Macías apuntó en sede judicial que «la idea de fundar la sociedad Servivation, a indicaciones de la consejería», pasaba por «dar solución al problema laboral de los trabajadores de Vitelcom –se previó de inicio la contratación de 114 empleados de ésta–», si bien, no se llegó a ejecutar «ningún plan de negocios». Éste contemplaba, como se refleja en la resolución de Gutiérrez Casillas consultada por este diario, «la eventual adjudicación de dos contratos del SAS –el Servicio Andaluz de Salud–, de la Consejería de Educación, varios de la Junta, Guadalfito, entidades financieras y el parque tecnológico PTA». A juicio del instructor, con la operación descrita en torno a Servivation, que contó con un capital social en su arranque de 600.000 euros, «no se pretendía más que transformar los fondos propios» de la sociedad «en positivo» para, de esta forma, «lograr un traspaso de 300.000 euros» por otra empresa pública: Enisa.

Estas actuaciones se incoaron en virtud a un atestado de la Unidad de blanqueo de capitales de la Policía Nacional sobre la actividad de esa sociedad y el paso dado por el magistrado fue solicitado por la Fiscalía. La cita de los nuevos investigados se ha fijado a las 9:15 horas del día 30. Vallejo ha conocido además esta semana que no ha sido uno de los que se ha caído de la lista de los encausados en el auto de transformación en procedimiento abreviado que el juez del «caso ERE», Álvaro Martín, firmó el pasado 31 de mayo.