El ex interventor general no volverá al juzgado por ahora

Suspendida «sine die». Así ha quedado la nueva toma de declaración prevista para mañana del ex interventor de la Junta Manuel Gómez, imputado en la madeja del «caso ERE», por decisión de María Ñúñez Bolaños, titular del juzgado que lo instruye, el número 6 de Sevilla. Según trasladaron ayer desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la magistrada ha tomado esa resolución por un motivo: la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que el Tribunal Supremo (TS) –órgano judicial que también investigó los hechos unos meses al haber implicados en los mismos aforados nacionales que ya no lo son– remita antes el testimonio de la declaración que el ex interventor prestó en esa sede judicial el pasado 28 de abril.

Y ello, pese a que la citación de Gómez, quien ya declaró en 2013 ante la anterior capitana del proceso, la jueza Mercedes Alaya, partía de una demanda de la propia Fiscalía, a la que dio luz verde la Audiencia de Sevilla revocando un auto de la ex instructora, y que, como recuerdan fuentes del caso, aludía a asuntos «distintos» a los que centraron la comparecencia del ex interventor en el TS. ¿Para qué quería Anticorrupción que éste volviera al juzgado sevillano? El Ministerio Público pretendía que él y la también ex interventora general de la Administración andaluza Rocío Marcos «explicaran informes de la Intervención General de otras empresas distintas del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, luego agencia IDEA, que actuaron como cajas pagadoras de los ERE)», resumen las mismas fuentes, para las que lo sucedido es «una muestra más del galimatías» en el que se ha convertido la causa.

«A priori» sí se mantiene el que Núñez tome mañana declaración a Marcos en calidad de testigo.