El “Gobierno del cambio” también rehúsa facilitar datos de los cursos sin justificar

La Consejería de Empleo anuncia un «plan de choque» para reactivar la formación a parados

Desde que estalló la investigación judicial sobre el presunto fraude en subvenciones de la Junta para cursos de formación, la oposición al Gobierno andaluz socialista atacó a éste por no dar datos de los expedientes pendientes de justificar, el inicio de solicitudes de reintegro de ayudas nulas así como por tener paralizada la formación para desempleados en una comunidad que tiene en las elevadas tasas de paro su talón de Aquiles. El Ejecutivo de Susana Díaz anunció reiteradas veces el reinicio de los cursos y su consejero de Empleo compareció varias veces en el Parlamento, a petición de la oposición, para dar explicaciones pero pocos datos, apuntando a la judicialización de la causa. Precisamente el mismo argumento que ayer usó la nueva responsable del ramo, Rocío Blanco (Cs), para negarse también a dar datos al respecto.

Blanco afirmó que tiene «52 páginas de casos judicializados» y que los juicios pendientes y montante de fondos públicos a recuperar «son para asustar». Hasta el punto de que, según dijo, «no creo que tenga vida ni yo ni ustedes para terminar con la justifiación de los cursos de formación en corto, medio o largo plazo». No obstante, rechazó dar información porque «estamos trabajando con la Intervención». Si el Parlamento se la pide sí se la dará, igual que a los tribunales.

Blanco arremetió contra la «parada en seco» que sufre la «política activa de empleo más importante» y anunció que su departamento trabaja en «un plan de choque» para reactivar lo antes posible los cursos, que dejaron de hacerse ante las investigaciones judiciales, muchas de las cuales han sido archivadas en la vía penal. Sí sigue adelante la investigación a las empresas de formación del ex consejero Antonio Ojeda que llegaron a captar 33 millones de la Junta, entre otros para recolocar a los ex trabajadores de Delphi.

También sigue investigándose a la extinta fundación pública Faffe, por presunto fraude en la subcontratación de cursos con dinero público y en la facturación que hacía a la Junta.

En torno a la Faffe, se acaba de constituir una comisión de investigación parlamentaria tras el «fraude» de la anterior legislatura (se creó pero no se puso en marcha ante el adelanto electoral) y que, según el portavoz del nuevo Gobierno de PP y Cs, Elías Bendodo, «no va a frenar ningún proceso electoral» porque la «voluntad es saber qué ha pasado, dónde se ha gastado el dinero de la formación».