El Gobierno recurre las 35 horas semanales seis meses después

La Junta habla de «hachazo contra los derechos laborales y la creación de empleo»

Seis meses después de que la Junta de Andalucía aprobara el decreto ley que devolvía las 35 horas semanales a los más de 270.000 trabajadores públicos de la Administración autonómica, el Gobierno central recurre la medida al considerar que «no es vertebrador» que las jornadas laborales de los funcionarios varíen en función de la comunidad autónoma donde trabajen. Así lo acordó ayer el Consejo de Ministros, que pedirá al Tribunal Constitucional (TC) la suspensión cautelar de la iniciativa, en vigor desde mediados de enero. Entonces, el Ejecutivo de Mariano Rajoy tampoco la vio con buenos ojos, sobre todo porque ya había recurrido decretos idénticos en Castilla-La Mancha y el País Vasco, que fueron tumbados por el Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, respectivamente. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendió cautelarmente la medida planteada por el Gobierno local de Manuela Carmena referida a sus funcionarios municipales.

Según explicó el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, «no se puede romper el marco común» con el resto de España, aunque dejó claro que el diálogo con la Junta «sigue abierto para buscar acuerdos». El Ejecutivo también impugna la ley de Presupuestos autonómicos para 2017 que habilita la contratación de personal para reforzar la plantilla, un extremo que la Junta estimó entre 7.000 y 10.000 nuevos empleados públicos. Junto a ello, Méndez de Vigo subrayó que el decreto ley «no es el instrumento adecuado» para adoptar la regulación propuesta al existir una legislación estatal sobre la materia, que fija en 37,5 horas semanales la jornada de los funcionarios. Además, los cambios, «sin que exista extraordinaria y urgente necesidad para introducirlos», sólo se podrán realizar con una modificación de la normativa estatal, que ha sido ratificada por el Constitucional.

Cuando la Junta anunció la medida el Gobierno abrió un proceso de diálogo sobre la misma, aunque finalmente no fructificó. Además, la presidenta del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz, aspiraba entonces a la Secretaría General del PSOE, por lo que un elemento más de confrontación no resultaba procedente. Tras la derrota de Díaz en las primarias, el Gobierno no ve ahora obstáculos en plantear el recurso.

Nada más conocerse la decisión, Díaz, en su cuenta de Twitter, la calificó como «hachazo contra los derechos laborales y la creación de empleo». Por su parte, la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que supone un «agravio añadido», aunque en ningún momento recordó que en el resto de comunidades autónomas se aplican las 37,5 horas semanales. «Era una oportunidad para el empleo en una comunidad castigada por el paro, que no ha contado con un plan específico del Gobierno», señaló, por lo que el recurso supone «un absoluto desprecio» hacia Andalucía.

Los sindicatos, que suscribieron con la Junta la vuelta a las 35 horas semanales, también se mostraron muy críticos. Especialmente la central de funcionarios CSIF, que consideró un «ataque» la decisión, por lo que pidió la intervención del PP andaluz ante el Ejecutivo.