El juez de Invercaria ordena incluir las grabaciones en la causa penal

El juzgado de Instrucción 16 de Sevilla ha aceptado una petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha ordenado «la transcripción de las grabaciones aportadas por Cristóbal Cantos» para incluirlas en las actuaciones. Pese a que la Junta de Andalucía insiste en que están «manipuladas», la Sección de Acústica Forense de la Unidad Central de Criminalística emitió un informe a petición del juez instructor que avaló la prueba. La Policía Científica concluyó que no se observaban «indicios asociados de una alteración» y que los archivos de audio «son compatibles después de pasar un proceso de edición posterior».

Fuentes consultadas por este periódico consideran importante esta decisión porque, de confirmarse más adelante las presuntas irregularidades que se investigan, las grabaciones podrían avalar que eran conocidas por los responsables de la empresa pública. En los archivos de audio, entre otras cosas, la ex presidenta de Invercaria Laura Gómiz señalaba, que «todos los que están por encima saben lo que hay».

Igualmente, el magistrado solicita en una providencia, a la que ha tenido acceso este periódico, los expedientes de inversión de 41 sociedades. Reclama la «ficha de identificación del proyecto y valoración»; «el borrador de propuesta de inversión, recomendaciones y punto de análisis»; «informes y opinión del consultor externo junto con la lista de recomendaciones (Due Diligence Externa)»; «propuesta de inversión»; «acuerdo de accionistas y de inversión»; «informe de seguimiento»; y «propuesta de desinversión, en su caso».

En las grabaciones –de ahí la trascendencia de las mismas–, la ex presidenta insta a «montar» expedientes e incluso dice que «yo tengo más capacidad de inventar que nadie».

La solicitud de información es más prolija. Reclama «los expedientes completos de personal» de cinco individuos contratados por Invercaria». Cuatro de ellos no trabajaban en la empresa pública pero sí cobraban su nómina de ella. Dos lo hacían en un Observatorio Económico dependiente de la Consejería de Innovación –a la que también está adscrita Invercaria–; otro dirigía el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Marbella (Málaga); y la última, trabajaba para Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), una de las empresas investigadas. En esta línea, reclama cómo entró el ex presidente Tomás Pérez Sauquillo a dirigir Invercaria y la «documentación relativa al despido y cese como consejero de la sociedad y en particular las indemnizaciones abonadas por despidos y salarios en 2010».

El Ministerio Público reclamaba asimismo información detallada sobre varias empresas. Una de ellas es Operador Aéreo Andalus, a la que le reclama «los libros contables y soporte documental de los mismos desde su constitución hasta el ejercicio 2010». Esta sociedad estaba presidida por José María Martín Delgado, consejero de Cultura durante la segunda legislatura de Manuel Chaves. Según consta en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas y ha admitido el Gobierno andaluz en respuestas parlamentarias al PP, Operador Aéreo Andalus S.A. recibió entre 2008 y 2009 dos préstamos participativos de 410.000 y 700.000 euros.

El juez también hace suya otra petición de Anticorrupción y reclama documentación sobre Informática Graef y Electronic Devices Manufacturer, empresas que se encargaron del suministro e instalación de equipamiento informático de los centros Guadalinfo, que dependen de la Junta.

Invercaria aseguró ayer que en respuesta a la petición del juzgado entregará hoy 4.000 nuevos folios «en el plazo estipulado y en la forma indicada». La Fiscalía reclamó el 27 de noviembre que se hiciera en tres días; el juez, en su requerimiento que llegó a la empresa de capital riesgo el día 29, lo amplió a diez. Hoy, por tanto se cumple el plazo. La Junta dice que su colaboración es «absoluta».