El juez de los ERE tumba el intento de la Junta de reencausar a Guerrero en una pieza

Ratifica su expulsión del bloque de la “macrocausa” centrado en la concesión de ayudas a Hamsa y a Primayor al entender que su participación ya se juzgó en la rama política

La pieza política del «caso ERE» que está a la espera de sentencia se ha convertido en una suerte de blindaje. El actual instructor de la «macrocausa», José Ignacio Vilaplana, ha tumbado el intento de la Junta de Andalucía de revertir la exclusión del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero de la pieza que gira en torno a las ayudas concedidas por el Ejecutivo autonómico a la empresa Hijos de Andrés Molina (Hamsa), más su asociación de trabajadores prejubilados, y a su sucesora Primayor Alimentación Andalucía.

Tras hacer una exhaustiva recopilación de las subvenciones que se les pagaron y de cómo se hizo en un auto del pasado 17 de octubre, el juez argumenta que en tanto que los fondos públicos fueron otorgados y abonados «en el marco del denominado ‘procedimiento específico’ –el sistema por el que se repartieron las subvenciones que centra la pieza política del ‘ macroproceso’–, es evidente que la exclusión cuestionada resulta procedente». Ello, «de conformidad con la doctrina establecida» por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla y «sin que a ello obste, pese a lo manifestado en tal sentido por la parte recurrente –el Gobierno autonómico–, la inclusión como beneficiarios de las pólizas de prejubilación ‘a personas pertenecientes al entorno de Juan Lanzas’», el llamado «conseguidor» de los ERE. Una circunstancia, la última, que, matiza el juez en su resolución a la que accedió LA RAZÓN, es «común en otras piezas separadas».

Lo que no consta en este bloque son «pagos particularizados directamente ‘arreglados’ por parte» de Guerrero en favor de «personas afines y desvinculados totalmente del propio desvío fraudulento y menoscabo de fondos públicos realizado al amparo del denominado ‘procedimiento específico’» ligado a las empresas investigadas. Por lo que, teniendo en cuenta que el ex director general ya ha sido juzgado en la rama política por «su participación en el otorgamiento ilícito de las ayudas», su salida de la causa «resulta obligada» para Vilaplana, pese a que la Junta se precipitara sobre la ocasión para reencausarlo.