El juez del “caso Invercaria” manda al banquillo al ex consejero Vallejo y a otros cinco investigados

Les ha impuesto una fianza de 1,18 millones por el préstamo que la Junta concedió a la empresa Servivation

El instructor del «caso Invercaria», Juan Gutiérrez Casillas, avanza con los nudos de la investigación y en sus decisiones de sentar a encausados en el banquillo. Ahora le ha tocado el turno al ex consejero andaluz de Innovación, Ciencia y Empresa Francisco Vallejo, al que ha abierto juicio oral y le ha impuesto una fianza de 1.180.000 euros por el préstamo participativo que la sociedad pública de capital riesgo de la Junta que da nombre al proceso concedió en 2008 a la empresa Servivation. Ya estaba en el punto de mira por él oficialmente desde 2016. Y no es el único señalado. Otros cinco acusados tendrán que hacer frente al mismo juicio y a idéntica cuantía dineraria: el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, el ex vocal de esa entidad pública Bienvenido Martínez Martínez y los tres socios de Servivation Jesús María Macías, Luis Fernando Martínez y Francisco José Barrionuevo. A todos, el magistrado les atribuye los presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos previstos en el articulado del Código Penal.

A los seis también, Gutiérrez Casillas les ha dado un plazo de 24 horas para que presten la fianza exigida para «asegurar las responsabilidades pecuniarias» que pudieran imponérseles, a contar desde que se les sea notificado su auto, fechado el pasado día 25 y al que tuvo acceso ayer LA RAZÓN, tras ser difundido desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Una resolución que incluye advertencia para los investigados: si no se aportan los 1,18 millones en el día fijado para hacerlo, se les «embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada». Si bien, el tajo a sus finanzas final sólo lo será para aquéllos que resulten condenados en el juicio, quienes deberán prestar la fianza porcentualmente, según recordaron a este periódico fuentes del procedimiento judicial. Además, como es habitual en el cierre de piezas en las que ha desgajado el caso, Gutiérrez Casillas declara a la Audiencia Provincial de Sevilla, en concreto a la sección que por turno de reparto le corresponda, como el órgano competente para enjuiciar este bloque con seis procesados.

Hasta el momento el juez ha puesto punto y final a la instrucción de seis separatas: las centradas en los incentivos otorgados a las mercantiles Fumapa, Servivation, Operador Aéreo Andalus –pieza en la que está implicado otro ex consejero del Gobierno regional, en este caso el que fuera titular de Cultura José María Martín–, Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), Lolita Canalla y la firma de la diseñadora cordobesa Juana Martín.

Si se centra el foco en lo relativo a Servivation, las mismas fuentes consultadas apuntaron que la Fiscalía ha solicitado una pena de seis años de cárcel para tres de los imputados: el ex consejero de Innovación, el ex presidente de Invercaria y el vocal de la misma antes mencionado.

Vallejo ya compareció ante el instructor en sede judicial a finales de junio del pasado año y negó haber participado en la asignación del préstamo participativo de 1,18 millones a esa sociedad, así como en la constitución de la misma, pese a que Pérez-Sauquillo se sacudió la responsabilidad al declarar, por su parte, que aquél se articuló «por imposición, orden o indicación» del entonces responsable de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

De acuerdo al relato del sumario, Servivation se creó el 18 de julio de 2008 en el Parque Tecnológico de Málaga (PTA) con Sadiel, Centro de Tecnología de las Comunicaciones, Novasoft e Isofotón como socios mercantiles.

El PP pide cárcel para dos ex presidentes de Invercaria en la pieza de FIVA

Una vez inmerso en un proceso judicial se sabe cómo se llegó pero no cómo se va a terminar. En la pieza del «caso Invercaria» centrada en el fiasco de Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía SL (FIVA) el PP-A, personado en la causa como acusación, ha elevado ya su arbolado escrito de acusación en el que interesa la apertura de juicio oral contra una docena de personas. Entre ellas se encuentran dos que estuvieron a las riendas de la sociedad de capital riesgo del Gobierno autonómico, los ex presidentes Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz, a quienes los representantes procesales de los populares culpan de múltiples delitos. Al primero le atribuyen los continuados de prevaricación y de malversación de caudales públicos por los que consideran que debe imponérsele una pena de seis años de prisión, además de diez años de inhabillitación especial para empleo o cargo público. Pero no son los únicos. Lo responsabilizan además de otro de tráfico de influencias y de negociaciones prohibidas a funcionarios en concurso con uno más de malversación de caudales, por el que demandan otros seis años de privación de libertad y aún un último delito de falsedad en documento mercantil, junto a malversación de nuevo, por el que solicitan seis de prisión y lo mismo de inhabilitación especial. En conjunto, dieciocho años de cárcel. Por lo que respecta a Gómiz, los abogados del PP la culpan, junto a otros encausados en este bloque, de prevaricación y malversación de dinero público continuados y para ella también solicitan seis años entre rejas e inhabilitación. Los representantes legales de los populares pretenden además que los doce acusados presten una fianza de 1.757.681,24 euros para asegurar las responsabilidades pecunarias que pudieran ser «procedentes» en el futuro.