El juez pide un informe clave para Sánchez Teruel

El magistrado reactiva el «caso Marismas», cita como «investigado» a un interventor de la Junta y encarga un dictamen pericial a dos técnicos

El juez que investiga las presuntas irregularidades en el proceso de modernización de los regadíos de la comunidad de regantes Las Marismas del Guadalquivir tras recibir en 2004 una subvención de la Junta de más de 40 millones de euros, ha impulsado el proceso con nuevas imputaciones y la petición de un informe pericial que puede resultar clave para los implicados en esta causa, entre otros, el secretario provincial del PSOE de Almería y diputado autonómico José Luis Sánchez Teruel. En un auto, al que ha tenido acceso este periódico, el instructor cita «en calidad de investigado» al ex interventor delegado de la consejería de Agricultura y Pesca de la Administración autonómica, Juan Luque, –también imputado en el caso de los ERE– al que le atribuye un «presunto delito de malversación de caudales públicos».

La Guardia Civil considera que Luque, citado para el próximo 22 de febrero, entre otras cosas, dio los pasos «imprescindibles» para que la Tesorería del Instituto Andaluz de Reforma Agraria –ente público de la Junta en esa época– hiciera efectivo el pago de la subvención en la primera certificación de obra «sin estar avalada ésta» –algo de obligado cumplimiento–.

El juez también ha dado pasos fundamentales para el avance del caso. En la parte dispositiva del auto solicita una serie de diligencias a «dos peritos judiciales, técnicos de la Administración autonómica que sean especialistas en regadíos y obra pública» para la elaboración de «un dictamen pericial» relativo a varios asuntos. Este trabajo resultará clave para la instrucción porque supondrá la asunción o desestimiento de las tesis mantenidas hasta la fecha por los agentes de la Guardia Civil, sustentados en el trabajo de los investigadores durante los últimos meses y en la documentación presentada en su día en la denuncia de la comunidad de regantes.

El dictamen encargado por el magistrado contiene un punto que afecta de lleno a Sánchez Teruel. En concreto, solicita un «análisis del intentado Proyecto Complementario, acerca de si el mismo contemplaba obra imprescindible para el buen fin del proyecto de modernización que se hubiera contemplado en el Pliego de Condiciones Particulares y que no se hubiera incluido ni en el Documento Técnico Complementario ni en el Proyecto Constructivo».

Fuentes consultadas por este periódico apuntan que este es uno de los aspectos decisivos para sustentar la posible responsabilidad del diputado andaluz. La Guardia Civil ha atribuido a Sánchez Teruel, por su actuación como director general de Regadíos de la Junta de Andalucía durante parte de la época investigada –en concreto entre 2008 y 2009–, los presuntos delitos de tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función, fraudes y exacciones ilegales, coacciones y pertenencia a grupo criminal.

El Instituto Armado ya detalló en su momento que el aforado fue la persona que «presionó» a los comuneros y a los funcionarios adscritos a su dirección general para sacar adelante un proyecto complementario y conseguir así una nueva subvención para financiar con dinero público «algo ya subvencionado». La iniciativa daría más de 13 millones de euros a Befesa –la empresa que desarrollaba las obras– mediante una adjudicación directa y sin concurso público. La comunidad de regantes rechazó la propuesta por los costes que deberían asumir.

El titular del juzgado de Instrucción 16 de Sevilla también reclama a los peritos el «análisis de la obra realmente ejecutada, de la obra certificada y de la obra realmente pagada». Esta es una de las irregularidades más evidentes detectadas, hasta la fecha, en el caso. Los agentes advirtieron en un informe que «tras un análisis exhaustivo de las 34 primeras certificaciones, se detecta un sobreprecio cobrado de 12.093.201 euros, incluido el IVA, de los que 6.255.103 euros aproximadamente es subvencionado con dinero público y 4.170.069 euros ha sido pagado por la comunidad de regantes». Los comuneros también aportaron un informe técnico de la ingeniería Ayesa que concluía que se habían pagado unidades de obra no ejecutadas.