El juicio de los ERE queda visto para sentencia con la misma dualidad de posturas de arranque

Mientras las defensas confían en lograr la absolución para sus clientes al creer que las acusaciones por prevaricación y malversación no se sostienen, del lado de las acusaciones mantienen que se ha evidenciado que se armó un «sistema ilegal»

Los distintos relatos ya debían estar asentados cuando al filo de los 14:15 horas de ayer quedaba visto para sentencia más de un año después el juicio de la pieza política del caso de los ERE, la que orbita en torno al llamado «procedimiento específico» por el que la Junta repartió ayudas ahora bajo sospecha durante casi una década. Los 21 ex altos cargos encausados –el que hacía 22 ha sido liberado– no hicieron uso de su derecho a una última palabra, más allá de agradecer la labor del tribunal. Aunque los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán sí quisieron intervenir para, de forma escueta, el primero expresar que la vista oral ha supuesto para él un «cúmulo» de conocimientos e información, una «experiencia vital»; y el segundo mostrar «pleno convencimiento» y dar su «apoyo» a lo manifestado por su letrado, según trasladaron fuentes del caso. El juicio, y antes su implicación en el «macroproceso», ha supuesto para los investigados pasear por una cornisa. La multiplicidad de voces escuchadas en la Sala acerca de la falla o no del sistema de concesión de fondos públicos deberá servir al tribunal enjuiciador para sentenciar sobre los presuntos delitos de prevaricación y malversación. Mientras, un grupo de actores hace balance del juicio a LA RAZÓN.

«Ha tenido la virtud de desvelar y remover los inciertos fundamentos y las graves contradicciones sobre las que se asentaba el proceso», asevera Alfonso Martínez del Hoyo, representante procesal del ex consejero Antonio Fernández. «En cuanto a la acusación por malversación, y más allá de sobrentendidos y generalidades, lo cierto es que las acusaciones no han acreditado en juicio un concreto desvío de la finalidad pública legalmente atribuida a los fondos analizados. Al contrario, consta que en su mayor parte éstos se destinaron a la finalidad pública legítima de auxiliar a más de 6.000 trabajadores expedientados de empleo. Por ello, no hay pruebas en cuanto a esa acusación, sino sólo proclamas y juicios de valor», expone, para rematar: «Procederá la absolución». Por lo que respecta a la prevaricación, mantiene que se ha «acreditado» que «el sistema presupuestario a través del cual la Dirección General de Trabajo dispuso de los fondos para la concesión de ayudas, venía establecido año tras año en las leyes de Presupuesto de la Junta. Y lo que fija la ley no puede se ilegal», así como que aquél «fue perfectamente conocido por parte de la Intervención desde su inicio, lo cual hace descartar cualquier supuesto plan de ocultación y evitación de control». «Un examen estrictamente técnico y jurídico penal de la acusación que pesa sobre el ex consejero Fernández, respetando su presunción de inocencia y prescindiendo del inmenso prejuicio que socialmente se ha hecho recaer sobre el mismo, debe conducir a su absolución», remata. En la misma línea, la abogada del ex consejero Francisco Vallejo, Encarnación Molino, confía «plenamente» en obtener «una sentencia absolutoria» para su cliente. Al margen de ello, anota que «desde el punto de vista procesal, se ha puesto de manifiesto», a su entender, «la necesidad de una regulación específica de los 'macroprocesos' para evitar la indefensión que la ingente documentación y la extensión temporal del procedimiento puede generar». Considera que «la presunción de inocencia, tras la exposición pública de los acusados durante tanto tiempo queda muy 'herida' por lo que, sin duda, este derecho fundamental debería ser mejor protegido». El letrado de Jacinto Cañete, Juan Carlos Alférez, califica en cambio de «ejemplar» y de «modelo a seguir» para el resto de «macrocausas» la dirección del tribunal que ha permitido ejercer con «libertad» su labor a las defensas y que «todas las partes procesales» hayan «podido trasmitir sin cortapisas la totalidad» de sus tesis. Agradece a la Sala también que «liberara» a los acusados de «la terrible pena de banquillo en la mayoría de las sesiones de este largo juicio» o dicho de otro modo, «la humanidad de su trato». Sobre el fondo del asunto, espera que la sentencia sea «justa», como entiende que ha sido un proceso en el que, a su parecer, «las acusaciones no han logrado probar lo hechos acusatorios objeto de enjuiciamiento». El representante legal con el que el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero ha terminado el juicio, José Ávila, apunta que «todo el procedimiento se inicia» con el encargo, vía auto, a la Intervención estatal (IGAE) de «una pericial jurídica, interpretación que tiene que hacer la instructora» y que se basaron en «una norma errónea». A ello engarza que «todas las ayudas fueron asumidas» por el Gobierno autonómico y «aprobadas por unanimidad en el Parlamento». Afirma que había normativa que sustenta la «competencia» del director general de Trabajo, subraya la «perfecta validez del sistema de control financiero permanente» y avisa de que, de acuerdo a la doctrina del Tribunal Supremo, no se reúnen «los requisitos necesarios para la prevaricación» ni «existen los elementos configuradores de la malversación».

Pero los letrados del PP-A, Luis García Navarro y Lourdes Fuster, están al otro lado de la frontera. «Tras un año de juicio, los andaluces han podido conocer como desde la Junta, gobernada por el PSOE y con Chaves y Griñán a la cabeza, se instauró un sistema en la Consejería de Empleo, sin duda ilegal, mediante el que sin procedimiento administrativo alguno se distribuyeron casi 800 millones entre amigos, familiares y militantes o afines al PSOE», zarandean. Todo «con la finalidad de obtener o mantener un rédito electoral y con total desprecio de la ley y del interés general, repartiendo dichos fondos con criterios absolutamente arbitrarios y contrarios al principio de igualdad entre todos los andaluces», suman. Esa fórmula posibilitó, dicen, «un reiterado menoscabo de fondos públicos que ha de ser objeto del reproche penal» que han interesado, «como constitutivo de los delitos de prevaricación y malversación». Ahora le toca al tribunal tomar partido por unos argumentos u otros y decidir. El fallo no se prevé antes del verano.

«Se ha visto esfuerzo»

Fuera de la Sala hay quien ha mirado con interés un juicio relevante. El abogado Julio Martínez afirma que desde ese prisma «se ha visto esfuerzo y dedicación» y una «duplicidad de posturas». Cree que ha habido «un planteamiento seguramente erróneo por la acusación, dando lugar, como dice la Sección Séptima –de la Audiencia de Sevilla–, a acusar de forma excesiva por malversación e impidiendo con ello el enjuiciamiento por ese delito en las piezas». «Sin embargo, a la vez, el argumento inverso sería válido: ¿Cómo no juzgar por malversación también algo así? No se conoce ningún caso en que se haya separado desde el inicio. Quizá debió ensayarse aquí», lanza.

En cifras

127

sesiones ha acumulado el juicio desde que arrancara en diciembre de 2017, lo que ha supuesto 690 vídeos.

120

testigos y nueve peritos han desfilado por la Audiencia Provincial de Sevilla.