El PP cree que tras los ERE hay una «hipotética financiación» del PSOE

La portavoz de Empleo del PP-A, Teresa Ruiz Sillero, verbalizó ayer una sospecha extendida entre las filas populares: que las comisiones de los ERE y las ayudas opacas y discrecionales otorgadas por la Junta «quizás sirvieron para financiar ilegalmente al PSOE-A».

Para sustentar esta afirmación, Ruiz Sillero recordó las subvenciones concedidas a ayuntamientos socialistas con cargo a la partida 31.L, conocida como «fondo de reptiles». Dinero que llegaba a los consistorios –todos gobernados por el PSOE salvo uno que contaba con un alcalde de IU– en ocasiones justo antes de un proceso electoral. En total se registraron 17 ayudas para 12 ayuntamientos de Sevilla, Cádiz y Jaén.

El destino oficial de estas subvenciones era diverso. Algunas de ellas, como el hipódromo de Los Palacios, «nunca llegaron a realizarse». La cuantía de la subvención superaba los 900.000 euros de los que la Junta abonó 750.000.

El Consejo Consultivo ha dictaminado que estas ayudas eran ilegales. En su dictamen número 526/2012 de 27 de junio concluyó la nulidad de una subvención al Consistorio de La Puebla del Río (Sevilla) «por incurrir en el supuesto de nulidad previsto en el artículo 62.1.e de la Ley 30/1.992 y haberse otorgado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento». Lo hizo además antes de la comisión de investigación que se celebró el pasado verano en el Parlamento. El PP preguntó entonces a Griñán sobre si conocía la ilegalidad de estas subvenciones; el presidente contestó con «un doble no», aseguró Ruiz Sillero. El PP acusó al presidente andaluz de «mentir» –lo que es un delito– y le reclamó «que diga la verdad dónde sea, en San Telmo, en la sede del PSOE, en el Parlamento o dónde quiera, pero que diga la verdad».

La otra vía de esa «hipotética financiación ilegal» se sustentaría en las ayudas recibidas de manera directa por empresas afines al PSOE. El informe de fiscalización de las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta de Andalucía entre 2001 y 2010 detectó «un total de 162 expedientes que han supuesto un compromiso de gasto por importe de 94.185.265,31. El total pagado ha ascendido a 86.781.305,15 euros».

La portavoz de Empleo recordó los 15 millones de euros que recibieron las empresas de José Enrique Rosendo, hijo del ex alcalde socialista de El Pedroso (Sevilla), y de su socio y ex concejal socialista José María Sayago. De esa suma, 12,5 millones fueron a empresas «fantasma» que no llegaron a tener actividad alguna.

Uniter y los sindicatos

El PP pidió explicaciones a la Junta por las cantidades abonadas a la mediadora Uniter –el dueño de la empresa, José González Mata, está imputado en la causa– que luego a su vez pagaba a los sindicatos y a las asociaciones de ex trabajadores controladas por las centrales UGT y CC OO.

Ruiz Sillero señaló que estas asociaciones tenían un coste de mantenimiento anual de entre 2 y 4 millones de euros. En este sentido, recordó que en la comisión de investigación parlamentaria, el dueño de Uniter admitió contactos con los sindicatos UGT y CC OO y que, en el 80 por ciento de las negociaciones, siempre estaban presentes representantes de dichos sindicatos a nivel nacional; en concreto, Félix González, de UGT, y Rafael Crespo, de CC OO.

Los socialistas amenazan con medidas judiciales

Tras la denuncia del PP, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, anunció que estudiarán «medidas judiciales» porque ya está bien «de acusar sin ningún fundamento y ninguna prueba». En declaraciones a Europa Press, Cornejo señaló que las manifestaciones de Ruiz Sillero son «una falacia, una falsedad y una mentira». «No vamos a permitir que se ponga en duda la financiación del PSOE de Andalucía», según Cornejo, quien agregó que «no hay ninguna prueba, ni siquiera una sospecha, sobre las cuentas del PSOE, que son transparentes».