El PP se acoge a las peonadas del plan de exclusión, pero esperará a tener el dinero

El presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, confirmó ayer que los alcaldes de su formación se han acogido al decreto contra la exclusión social de la Junta pero exige garantías de pago de los servicios antes de prestarlos porque no quieren ser «cómplices en el engaño a los ciudadanos».

El decreto contra la exclusión incluye un plan laboral que permitirá a los ayuntamientos crear en torno a 40.000 empleos, con peonadas que van desde los quince días a los tres meses. El salario neto que transfiere la Junta apenas llega a los 650 euros al mes. De haber un complemento salarial, es el ayuntamiento el que tiene que librar una partida extraordinaria para ello. De ahí el recelo de las corporaciones locales, que temen una doble deuda: que la Junta no pague y que además hayan comprometido una partida específica para redondear el exiguo salario que provee el decreto contra la exclusión social aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno.

Durante su intervención en el consejo de alcaldes del PP de Sevilla, Zoido señaló que los ayuntamientos regidos por los populares se han acogido al decreto, cuyo plazo terminó la semana pasada, pero no pondrán en marcha las medidas «hasta que por lo menos no se garantice que van a estar financiadas».

«Una cosa es que nos acojamos porque queremos ofrecer servicios, pero no podemos ofrecer algo que después no nos van a pagar o no van a cumplir con las obligaciones», añadió.

El dirigente popular hizo hincapié en que ese decreto cuenta con dos debilidades, la financiación de las ayudas y la ausencia de soluciones en la raíz del problema, «que es el paro y la falta de oportunidades».

Destacó que necesitan una «garantía de que se va a pagar» porque no puede ser que la Junta quiera invitarles «a una fiesta» y que paguen los ayuntamientos.

Para el líder del PP-A, la «miopía» del bipartito (PSOE e IU) «le impide ver la realidad», ya que cree que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, «ve enemigos donde hay alcaldes defendiendo a sus vecinos». En ese sentido, aseguró que los ayuntamientos son «capaces» de asumir competencias impropias pero tienen derecho a exigir el pago. Hizo una llamada a los regidores de PSOE e IU a que reclamen también lo adeudado.