El reparto de comisiones llegó a «altos cargos de la Junta»

La principal línea de investigación que sigue en este momento el juzgado del caso de los ERE, sobre el destino de las sobrecomisiones que se pagaron en la trama, estalló a primera hora de la mañana.

La principal línea de investigación que sigue en este momento el juzgado del caso de los ERE, sobre el destino de las sobrecomisiones que se pagaron en la trama, estalló a primera hora de la mañana. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo a 24 personas, entre las que hay comisionistas, abogados o testaferros aunque, según pudo conocer este periódico de fuentes de la investigación, no se descarta que se produzcan más en los próximos días. Nueve imputados fueron citados a declarar ante el juzgado y se realizaron 13 registros en Sevilla, Cádiz, Jaén, Granada, Madrid, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria.

La espina dorsal de la operación son las empresas mediadoras, que cobraron por intervenir en los ERE comisiones que llegaron en unos casos al 20 por ciento. De ahí que, entre los detenidos, se encuentren nueve responsables de Vitalia y de Eurobank en Barcelona. Vitalia, junto con Uniter, eran las dos principales empresas comisionistas, que se embolsaron, según calculan los investigadores, en torno a 50 millones de euros. La juez Mercedes Alaya, que se reincorporó al juzgado hace dos semanas, después de seis meses de baja por enfermedad, citó también al administrador de Uniter José González Mata.

El hilo que sigue la Guardia Civil es el de la introducción y lavado del dinero. Para ello ya estaba rastreando más de 400 cuentas bancarias. En este engranaje ilícito eran piezas importantes una serie de empresas pantalla y un grupo de «hombres de paja». La Guardia Civil ya detuvo al testaferro Juan Francisco Algarín Lamela. En esta operación, denominada Heracles, la UCO arrestó a otro más, Eduardo Leal del Real, administrador de Estudios Agenciales SL y Atrado Mensajería. Cobró 47 cheques que rondarían los 1,5 millones de euros entre 2003 y 2007.

La última equis por despejar, y fundamental, es si este dinero volvió a los que otorgaron las ayudas. No hay que perder de vista que el primer testaferro ya dijo a la Guardia Civil que ejercía de correo, llevando dinero en metálico desde Mercasevilla y bares próximos a la Consejería de Empleo hasta una cafetería en los bajos de la delegación de Trabajo en Sevilla. Fuentes de la investigación confirmaron a LA RAZÓN que la Guardia Civil ha detectado que las mediadoras establecían comisiones sobredimensionadas en todos los aspectos, con el fin de que todos los que participaban se beneficiaran, «incluyendo a altos cargos de la administración andaluza».

De las detenciones en Barcelona, destacan las de directivos de Eurobank. También se produjo el arresto del cuñado del conseguidor Juan Lanzas, Ismael Sierra; de José Luis Leal, hermano del abogado de Estudios Jurídicos Villasís imputado en la causa; del hijo del hotel Posada del Moro, en Cazalla de la Sierra, «Goyo» Martínez Piñero, quien, según declaró el ex chófer de Guerrero en el juzgado, era el encargado de suministrar la cocaína que se pagó supuestamente a cargo de los fondos públicos; y de la mujer del directivo de Vitalia Antonio Albarracín. La investigación apunta que de los 24 detenidos, 22 puedan acabar enprisión.

Además del administrador de Uniter, la Guardia Civil citó al juzgado al ex director general de Empleo Francisco Javier Guerrero; el ex directivo de Mercasevilla condenado por cohecho Daniel Ponce; el abogado de Estudios Jurídicos Villasís Carlos Leal; y el conseguidor Juan Lanzas, que aún no ha pasado por el juzgado. La mitad puede acabar, según fuentes de la investigación, en la cárcel de forma preventiva. Con más probabilidad: González Mata y Juan Lanzas. Los registros se practicaron en Jaén capital y Albánchez de Magina, el municipio jienense del conseguidor Juan Lanzas. Además de en Sevilla, Madrid o y Jerez de la Frontera, donde tiene sede Uniter.

La Guardia Civil se enfrenta ahora a un trabajo ingente. La investigación se ha dividido en cinco ramas diferentes. Ayudas sociolaborales; ayudas directas a empresas; estudio de la gestión de las ayudas y los pagos realizados; investigación de las empresas mediadoras; y análisis de la forma con la que trabajaban los supuestos implicados y la forma de abortar los presuntos delitos que se estaban cometiendo. Precisamente, de la investigación de las «mediadoras», se permite determinar que «el negocio» se dirigía a empresas y colectivos de trabajadores. Les ofrecían financiación pública para llevar a cabo procesos de reestructuración de plantillas. Esta financiación, que estaba sobredimensionada en todos los aspectos, proporcionaba al empresario un ahorro importante al no tener que afrontar los cuantiosos gastos que conllevaban dichas reestructuraciones. Igualmente, los trabajadores admitían las distintas reestructuraciones al ofrecérseles condiciones muy ventajosas, vinculadas generalmente a la adquisición de pólizas de seguros que les confirmaban un sueldo hasta la jubilación, equiparable al que venían cobrando en su puesto de trabajo.