El Supremo admite el recurso de afectados por el ERE de UGT-A

Afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) de UGT-A vuelven a tener esperanza en su readmisión. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso en casación ordinaria que interpusieron tras el varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que desestimó la demanda planteada por la sección sindical de trabajadores de la organización.

Cabe recordar que la estrategia judicial se desplegó en varios frentes. Uno de ellos pasaba por tratar de desmontar el argumento de UGT-A sobre la debilidad de sus cuentas debido a los recortes infligidos por parte de la Administración a las partidas destinadas a los sindicatos. De hecho, adjuntaron en las demandas una auditoría encargada a una empresa externa. Según este informe pericial de unas 60 páginas, UGT cerró 2011 con un superávit de más de 800.000 euros. El saldo en cuentas bancarias superaba los 14 millones de euros y las imposiciones a plazo fijo fueron de 5,76. Además, el sindicato, a cuyos mandos se encuentra Francisco Fernández, poseía 52 propiedades inmobiliarias a cierre de 2011, a lo que había que sumar terrenos valorados en más de 2 millones. Ante esta siembra de argumentos, UGT, por su parte, esgrimió que sólo la deuda de la Junta suponía un quebranto de 15.839.814 euros. El TSJA falló a favor de UGT, «pese a que no aportó a la Sala malagueña del Alto Tribunal andaluz documento contable alguno», lamentan fuentes ligadas al proceso judicial.

En cualquier caso, el abogado de un grupo de los despedidos, Alberto Díaz, confía ahora en que el Supremo les «dé la razón» en el futuro. «Aunque sabemos que es muy difícil», matiza a LA RAZÓN. ¿Sus clientes? 159 trabajadores. De ellos, 130 fijos-discontinuos pertenecían al programa específico de empleabilidad promovido por el Ejecutivo autonómico «Andalucía Orienta» y 29 estaban anclados a la estructura del sindicato. Sólo estos últimos recibieron una indemnización superior al suelo que marca la última reforma laboral aprobada por el Gobierno central, blanco de pancartas y consignas para UGT.

En concreto, según confirmaron fuentes de la central sindical a este periódico, el colectivo de 29 empleados incluidos en el ERE recibió 25 días y un máximo de 14 mensualidades, mientras al resto, que cesó su actividad el 9 de enero de este año, se le concedieron 20 días y un techo de una docena de mensualidades.

Pero hay más. Las mismas fuentes apuntan que con el mejor trazo de la casa, «para extinguir los contratos, a través de un ERE, emplearon una indemnización de 1.056.000 euros de una póliza suscrita con Uniter». Una compañía aseguradora muy presente en el sumario del caso de los expedientes de regulación de empleo irregulares que instruye la titular del juzgado número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.

Los clientes de Díaz están dispuestos a seguir dando batalla por defender sus derechos laborales, aunque sea frente a la organización que en teoría debería hacerlo por ellos. De momento, el Tribunal Supremo dará ahora traslado al resto de las partes de su decisión en este asunto.