El Tercer Sector reclama «racionalizar» la renta mínima

Las entidades y organizaciones sociales que integran la Mesa del Tercer Sector están presentando a los partidos políticos, de cara a las próximas elecciones autonómicas, un decálogo de medidas centradas en el empleo y en la lucha para reducir las abultadas cifras de pobreza, dos ámbitos que siguen lastrando el desarrollo de la región. Según el decálogo, consultado por LA RAZÓN, las entidades sociales exigen al futuro Gobierno andaluz acciones concretas para «reducir en al menos un 10 por ciento la tasa de temporalidad en el empleo», puesto que la tasa a nivel nacional se sitúa en el 26 por ciento y en Andalucía el registro alcanza el 36. Junto a ello, proponen la elaboración de una estrategia por el empleo de las personas con discapacidad que incluya programas específicos «para reducir la tasa de desempleo en este grupo en un 20 por ciento y aumente la de ocupación en un 15 por ciento».

En cuanto a la renta mínima de inserción social, una de las medidas estrella de esta legislatura en materia social y que no está teniendo el desarrollo esperado, plantean «mejorar y racionalizar» la actual ley. «Su aplicación pone de relieve su escasa dotación presupuestaria y el enorme cúmulo de burocracia administrativa que hace muy difícil o casi imposible su concesión».

Con el objetivo de potenciar la participación ciudadana, el Tercer Sector sugiere la puesta en marcha de programas que persigan la accesibilidad a las nuevas tecnologías, sobre todo entre la población de más edad. También exige plazos concretos en el desarrollo de las leyes de servicios sociales y discapacidad y «modificaciones» en el catálogo de prestaciones. En este punto, subraya que es necesario implementar las prestaciones de la ley 39/2006 que no se han materializado, como «los servicios de promoción de la autonomía personal».

La crisis migratoria sigue estando latente en nuestras costas. Sobre este asunto, las entidades sociales alertan de que no existe a nivel autonómico un plan que contemple «todas las dimensiones de este fenómeno», con incidencia en medidas de acogida e integración real, así como en la «sensibilización de la población acogedora que evite el florecimiento de actitudes xenófobas».

Plantea la lucha contra la exclusión desde tres puntos de vista: la prevención y detención de los desahucios, la erradicación del fenómeno de las personas sin hogar y la pobreza energética. En relación al primer apartado, exigen «incrementar el parque de vivienda público y social», de modo que suponga un 15 por ciento del total que se construyan. Con el fin de «asegurar las prestaciones y servicios de carácter público», el Tercer Sector pide que se equipare en el Estatuto de Autonomía los servicios sociales con la sanidad y le educación.