El TS une a la causa el atestado que señala a Viera por ayudas a Pickman

El juez Barreiro cuenta con un nuevo atestado entregado por la Guardia Civil en el que se destaca la participación del ex consejero José Antonio Viera en la concesión de una subvención de 1,8 millones de euros a la fábrica de loza sevillana Pickman La Cartuja «eludiendo» la ratificación del Consejo de Gobierno, que era el «procedimiento legal establecido» al ser superior a 1,2 millones.

En un atestado elevado al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, al que accedió Europa Press, los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla destacan que la Junta habría concedido a Pickman varias ayudas o subvenciones «que pudieran vulnerar o infringir la legalidad vigente en el momento de su concesión-adjudicación y aplicación». «Desde el principio se concede y se acuerda», en referencia a una ayuda de 1,8 millones, en el protocolo de colaboración suscrito el 1 de diciembre de 2003 por el propio Viera y por Emilio Portes, en representación de la empresa, en el que se especifica que la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico se compromete a conceder a Pickman dicha ayuda «en concepto de adecuación inmediata de las instalaciones y maquinaria y utillaje», de manera que «se articularían los protocolos oportunos para abonar dicha cantidad en cantidades iguales en 2004, 2005 y 2006». El 29 de enero de 2004 se firmó un convenio de colaboración entre la Dirección General de Trabajo y el antiguo IFA por el que «se encomienda a este último la ejecución de los compromisos asumidos por la Consejería, a favor de la empresa subvencionada». Participan en este acuerdo Francisco Javier Guerrero y el entonces director general del IFA Francisco Mencía.

La Guardia Civil destaca que la ayuda de 1,8 millones fue «maquillada» y «troceada» en cantidades más pequeñas para evitar pasar por el Consejo de Gobierno.

Por otro lado, el suplicatorio del diputado José Antonio Viera –ahora en el grupo mixto–ya ha llegado al Congreso de los Diputados y comenzará a tramitarse desde mañana, cuando sea calificado por la Mesa de la Cámara. Fuentes parlamentarias explicaron a Efe que la concesión del suplicatorio no podrá votarse en Pleno hasta septiembre, salvo que se habiliten los meses de julio o agosto, fuera del periodo ordinario de sesiones. El suplicatorio se entenderá denegado si la Cámara no se pronuncia en un plazo de sesenta días naturales dentro del periodo ordinario de sesiones. Podría darse el caso de que las Cortes se disolvieran antes de que el pleno se pronunciara sobre el suplicatorio de Viera, momento en que el diputado dejaría de estar aforado y, por tanto, el suplicatorio perdería su sentido. La Sala de lo Penal del Supremo pidió el pasado 9 de julio al Congreso el suplicatorio para investigar a Viera en la causa por los supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.